El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de junio el Real Decreto-ley 13/2026, una norma técnica sobre financiación territorial que, sin pretenderlo de forma explícita, llega como un balón de oxígeno para el gobierno municipal. Mientras la Intervención puso varios reparos a las cuentas de Sanz, el Ejecutivo de Sánchez actualizó al alza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a comunidades autónomas y entidades locales, abriendo la puerta a un alivio de tesorería que ha sido celebrado por todo alto en los despachos del Consistorio.

¿Qué ha pasado en los últimos días?

El contraste de fechas resulta significativo. Apenas unos días antes de que el decreto viera la luz, el Viceinterventor municipal firmaba un duro informe sobre el Plan Económico Financiero 2026-2027, un documento que Sanz se vio obligado a presentar tras constatarse que 2025 cerró con un déficit de 25.194.229 euros y un exceso en la regla de gasto que escaló hasta los 85.645.911 euros. Según el expediente fiscalizador, no responde a una crisis estructural, sino a una acumulación de contingencias y tropiezos de gestión interna. La Intervención señalaba hasta cuatro focos del problema: el bloqueo de la tasa de telefonía móvil, recurrida por las operadoras y “de alta conflictividad jurídica”; los retrasos crónicos en la justificación de las subvenciones de Ayuda a Domicilio, que obligaron al Consistorio a anticipar fondos de su propio bolsillo; un incremento del 13% en los costes de personal de Lipasam, la empresa de limpieza; y un uso de remanentes de tesorería que generó desequilibrios en contabilidad nacional, sumado a una previsión de inejecución presupuestaria de más de 116 millones que finalmente no se cumplió.

Es precisamente en este último punto (el uso de remanentes y la inejecución) donde el decreto del Gobierno central encuentra su conexión más directa con Sevilla. El artículo 4 de la norma exime a los ayuntamientos de aprobar planes económico-financieros en 2026 y 2027 cuando el incumplimiento de estabilidad o de la regla de gasto derive del empleo del remanente de tesorería para gastos generales, siempre que se respeten los plazos de pago a proveedores. El artículo 5, por su parte, flexibiliza el destino del superávit de 2025, permitiendo financiar inversiones (incluidas las de vivienda, con habilitación plurianual) sin que computen automáticamente como incumplimiento.

Momento justo para aliviar la tesorería

A esto se añade el efecto más tangible del decreto: la actualización de las entregas a cuenta de las entidades locales por su participación en los tributos del Estado, con libramientos adicionales que llegarán a partir de septiembre de 2026. Se trata de recursos frescos que no estaban contemplados en la prórroga presupuestaria y que, aunque no fueron diseñados pensando en Sevilla, llegan en el momento justo para aliviar la tensión de tesorería que atraviesa el Consistorio.

El decreto de Sánchez proporciona una almohada financiera que da margen a Sanz con Vox, ya que no tendrá que negociar con la formación de Santiago Abascal para sacar adelante el discutido plan de ajuste.