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Cada día que pasa, la entrada irregular en Ceuta de unos 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos se convierte en un problema mayor para el Gobierno. Es también un problema para los habitantes de Ceuta, cuya ciudad está saturada, y para los inmigrantes que malviven en espacios públicos o pabellones improvisados. Pero, en términos políticos, el problema es sobre todo para el Gobierno, porque va cundiendo la sensación de que no está actuando con la rapidez y la resolución necesarias para revertir la situación cuanto antes.

El coro que denuncia la gravedad de este asunto es amplio y va incorporando nuevas voces. Empezando por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, un político que ha mostrado siempre una contención y prudencia dignas de elogio y que desde primera hora manifestó la enorme dimensión del caso –cuando el Ejecutivo manejaba cifras menores–, y que sigue afirmando que el Gobierno ha abandonado a Ceuta. Siguiendo por la oposición, que emplea esta crisis para erosionar al Gobierno y que ha anunciado su intención de reprobar en el Senado la conducta de cinco ministros. Ayer añadió que recurrirá ante el Supremo la negativa de dichos ministros a explicarse en esa cámara.

A ello se suma la Unión Europea, que ha manifestado que avala la devolución a Marruecos de los menores no acompañados que ahora campan por Ceuta, algo que quizás no quiera ignorar un Gobierno tan europeísta como el de Pedro Sánchez. Sin olvidar a colectivos como las enfermeras, que denuncian el colapso sanitario, con abundancia de casos de gastroenteritis, sarna e incluso tuberculosis. O los sindicatos policiales, que lamentan la falta de efectivos ante este problema.

El Gobierno no deja de recordar sus medidas y acciones. Ayer mismo anunció que estaba trabajando en un plan de traslado urgente a la Península de medio millar de niñas migrantes que entraron en Ceuta el 30 de julio. Es cierto que diversos ministros han pasado por la ciudad autónoma, algunos efectuando por cierto declaraciones no siempre afortunadas, pero Sánchez ha mantenido sus vacaciones (más allá de un par de videoconferencias con sus ministros), pese a la envergadura de esta crisis en la que, según él mismo, se produjo una “violación a su soberanía”. Pasadas tres semanas desde el asalto, y con alrededor de 8.000 de los que entraron entonces circulando todavía por las calles ceutíes, se percibe mucho más lo que falta por hacer que lo que se pueda haber hecho ya.

España tiene sus leyes, y la ejecución de estas reclama a veces más tiempo del deseable. Pero todo lleva a pensar que no se han aportado los recursos extraordinarios necesarios para hacer frente a una crisis que ciertamente ha sido –y es todavía– de proporciones inusuales. O, al menos, los que permitirían agilizar de modo satisfactorio su resolución.

En todas las fases de esta crisis hay algo que puede recriminarse al Gobierno. Hubo falta de previsión o descoordinación entre los servicios de información en los días previos al alud humano, pasivamente auspiciado por Marruecos. Ha habido un discurso oficial modificado una y otra vez, al menos en lo cuantitativo. Ha habido una respuesta, a veces concretada en más medios pero por lo general insuficientes. Ha faltado diligencia en el proceso de toma de medidas correctivas que permitieran dar un giro a la situación.

El problema inmigratorio estalla periódicamente en distintos lugares de la ribera mediterránea. Otras veces tuvo el nombre propio de Lampedusa o de Lesbos. Este verano ha tenido el de Ceuta. De nada sirve negar lo que es evidente. Como decimos, no se trata de un problema exclusivamente español, pero esta vez se ha presentado de modo masivo en la citada ciudad, y la respuesta de las autoridades estatales ha distado de ser ejemplar.

Nunca es tarde para enmendar errores o déficits de gestión. Pero, llegados a este punto, nuevas demoras en la prioritaria tarea de devolver a Ceuta las condiciones de vida que tenían sus habitantes antes del 30 de julio serían ya inaceptables. Tanto para los ceutíes, que han visto alterada su existencia cotidiana, como para los inmigrantes que sobreviven en sus calles. A estas alturas, la permanencia del problema solo beneficia a los grupos ultraderechistas, que lo manipulan y aprovechan como ilustración de sus denuncias. A grandes problemas, grandes soluciones, cabría decir parafraseando el dicho popular. No invitamos con ello al Gobierno a vulnerar el ordenamiento legal. Pero sí a hallar soluciones urgentes para dinamizar al máximo la resolución del problema. Cada día que pase sin conseguirlo dejará un nuevo borrón en su hoja de servicios.