Deportar o no deportar menores no acompañados: ¿ese es el dilema? La crisis de Ceuta va camino de enfrentarnos a nuestras más oscuras contradicciones y hasta grietas como sociedad.

Agarrándose a la letra de la ley, el Ejecutivo declara que deportar a todos los que entraron a la fuerza en Ceuta, menores incluidos, como ha propuesto el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, incurre en «ilegalidad manifiesta». Ante eso, cabría preguntarse por lo menos dos cosas: desde cuándo eso es un problema para el presidente del Gobierno, partidario de amnistiar a cualquiera que presume de desobedecer leyes, si las considera «injustas».

¿Soy yo alguien para afirmar que las leyes que no me gustan son más o menos «justas»? No. Pero sí me atrevo a decir que la ley de la que estamos hablando ha demostrado que da igual su nivel de justicia, visto su grado de futilidad. De ser peor que la enfermedad el remedio.

¿Qué sentido tiene, por muy bienintencionado que (queremos suponer, y es suponer mucho…) pudiese ser en un principio el marco legal que impide las devoluciones en caliente de menores no acompañados, si esto, lejos de hacer un favor a esos menores, los lanza con catapulta al infierno?

Olvídense por un momento de quién tiene razón, de quién es más o menos bellaco en el uso de esos menores como peones mafiosos y/o políticos. Piensen en lo que sucede en la práctica con esos niños y niñas masivamente volcados sobre nuestras costas, para estrellarse, si no contra un espigón, sí contra un sistema que presume de acogerles cuando muchas veces acaba mercantilizándoles. Usándoles de pararrayos de todas las subvenciones que cruzan el firmamento sin que su luz llegue jamás a ni una sola víctima. Piensen en el reverso del efecto llamada, que sería el efecto expulsión (de Marruecos) de todos los «indeseables», o que son o parecen más útiles fuera. Dando guerra. ¿De verdad alguien sigue creyendo que tenemos la mejor ley posible, y que con ella estamos ayudando a nadie?

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