La presión social y política tras el polémico desahucio en Madrid de una mujer de 87 años sin alternativa habitacional ha reactivado las negociaciones sobre el decreto de vivienda, pendiente de aprobar antes de verano ante los vetos cruzados de los socios. Una "tragedia social", según calificó Pedro Sánchez el desahucio de 'Maricarmen' en rueda de prensa desde Nueva York antes de participar en la Asamblea General de la ONU. Sin dejar de responsabilizar al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, por sus competencias en esta materia, descargó también la presión en el Congreso, tras haber tumbado hasta en dos ocasiones textos que incluían medidas como la moratoria antidesahucios.

Aun sin mencionar a los posconvergentes, la formación de Carles Puigdemont sumó sus votos en la última ocasión a PP y Vox para tumbar la convalidación del decreto. Es precisamente por ello que desde el ministerio de Vivienda ha intensificado el intercambio de papeles para levantar su veto, según fuentes tanto del Gobierno como de Junts. Se trata de un puzle complejo, pues más allá de su veto a las medidas contra los desahucios, las propuestas que ponen sobre la mesa son rechazadas por otros grupos parlamentarios del arco progresista y viceversa. Vetos cruzados por lo que las conversaciones estaban estancadas.

“Nos consta que en estos momentos el PSOE está estudiando las propuestas de Junts para afrontar la crisis de la vivienda”, trasladan fuentes de la formación. Se trata, según precisan, de las mismas que ya entregaron y tienen presentadas como iniciativas propias, por lo que concluyen que “tras meses de bloqueo del Gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas”. Según añaden las mismas fuentes, “pueden reunir el apoyo necesario para su aprobación”.

En las últimas horas, desde Sumar se ha elevado la presión para que el decreto se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros, junto a las medidas anticrisis para paliar la inflación provocada por el conflicto en Oriente Medio. Con o sin los apoyos garantizados y dejar así la pelota en el resto de grupos para que "se retraten". Se confía en la presión ambiental, que ya se deja sentir en las calles con movilizaciones como las que sucedieron en el centro de la capital tras el desalojo de Maricarmen de su vivienda.

El ministro de Derechos Sociales de Sumar, Pablo Bustinduy, exigió que el decreto debe ir “ya” al Congreso y “cada cual que se retrate y cada cual que asuma la responsabilidad de las posiciones que adopte". En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, urgió la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes un decreto sobre vivienda que incluya la moratoria de los desahucios.

Sánchez ha evitado comprometerse a una fecha. "No descartamos nada en el sentido de que este Gobierno siempre da respuesta a las tragedias sociales, pero necesitamos también el compromiso del Parlamento", zanjó.

Fuentes del Ministerio de Vivienda explican que lo que se negocia "no es exactamente una moratoria antidesahucios", sino "una solución estructural". En el borrador del real decreto-ley que el Gobierno intentó aprobar en julio se planteaba modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, cuando una persona en situación de vulnerabilidad no tuviera alternativa habitacional y las administraciones públicas no le hubieran ofrecido una solución, el juez pudiera mantener suspendido el procedimiento hasta que se garantizase una alternativa residencial razonable.

La principal diferencia respecto a una moratoria temporal era precisamente esa: la suspensión no quedaba necesariamente limitada a un plazo cerrado. Con carácter general, el borrador contemplaba un máximo de dos meses si el demandante era una persona física y de cuatro meses si era una persona jurídica, pero introducía una excepción para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional. En esos casos, el tribunal debía requerir a la comunidad autónoma y al ayuntamiento para que ofrecieran los recursos disponibles y, si estos no existían, el lanzamiento quedaba suspendido hasta que se proporcionara una solución. La medida podía aplicarse incluso cuando ya hubiera recaído sentencia, siempre que el desahucio todavía no se hubiera ejecutado.

El texto trataba además de diferenciar entre grandes propietarios y pequeños caseros. Si el demandante era una persona física que no tenía la condición de gran tenedor, la comunidad autónoma debía asumir la compensación derivada de la suspensión, incluyendo en su caso rentas y suministros impagados o daños en la vivienda. El juez podía incluso rechazar la suspensión si consideraba que debía prevalecer la situación de vulnerabilidad del propietario, una posibilidad que no se contemplaba cuando el demandante era una persona jurídica o un gran tenedor.

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Si el propietario era un gran tenedor, el Gobierno planteaba que no pudiera ejecutarse el desahucio de una persona vulnerable sin alternativa habitacional hasta que la Administración le ofreciera una solución, sin que pudiera prevalecer la vulnerabilidad económica del propietario ni acogerse este a la compensación prevista para pequeños caseros.

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