Publicada 9 julio 2026 02:41h

Actualizada 9 julio 2026 08:50h

Los reales decretos tienen un mes para ser convalidados en el Congreso. Así que en el Gobierno lo más probable es que se vean obligados a convocar un pleno en agosto en la Diputación Permanente.

El objetivo es sacar adelante una norma similar a la que decayó en abril y que pretendía prorrogar los contratos de alquiler vencidos y limitar las actualizaciones al 2%.

Entonces el Gobierno consiguió la abstención del PNV, pero Junts tumbó la propuesta al sumar sus votos a los de PP y Vox.

Aquel episodio derivó en una serie de reproches cruzados dentro del propio Gobierno entre Sumar y PSOE, que se culparon por no ser capaces de atraer a Junts.

Tres meses después, el Gobierno busca ganarse de nuevo a los de Carles Puigdemont. Fuentes del ministerio de Sumar hablan de un decreto "reforzado" y no descartan introducir bonificaciones fiscales a los caseros, así como regular el IVA de los pisos turísticos.

Sin embargo, fuentes parlamentarias de Junts niegan cualquier tipo de negociación. Desde hace tiempo, el partido independentista está marcando distancias con el Gobierno y sus socios en materia de vivienda; no solo en el Congreso, también en el Parlamento de Cataluña, donde votan junto a PP y Vox.

Pese a todo, en Sumar no atacan la postura de los de Puigdemont y elogian que sea "propositiva" frente a la de los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, con los que admiten que no hay relación.

El Ejecutivo cuenta con una carta que puede poner sobre la mesa: la norma sobre el IVA franquiciado, una exigencia de la UE cuya aplicación el Gobierno está retrasando. Esa norma, que reclama Junts, hace tiempo eximiría de repercutir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

Por ello, los ministros socialistas, con la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la cabeza, se están implicando en la búsqueda de una solución al asunto de los alquileres.

En el Gobierno admiten que Junts es impredecible y en Sumar aseguran que los canales no están rotos del todo con los de Puigdemont. Pero el tiempo apremia, pues sólo quedan tres Consejos de Ministros antes de las vacaciones.

Ley de Dependencia

Sumar también está trabajando contrarreloj para aprobar una reforma de la Ley de Dependencia que este jueves se votará en la Comisión de Derechos Sociales en el Congreso de los Diputados. La iniciativa lleva aparejada un Real Decreto de 6.200 millones de euros para aumentar las prestaciones de la norma.

Ante esto, desde el Ministerio de Derechos Sociales elogian al sector socialista por poner "por delante la financiación antes de la aprobación".

Precisamente, la falta de fondos era lo que criticaban algunas comunidades autónomas del PP. Ahora, en el entorno de Bustinduy son optimistas con esta votación y esperan incluso contar con el respaldo de los populares.

El texto incorpora parte de las 78 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Si obtiene el respaldo necesario, se elevará al Pleno del Congreso para su aprobación en uno de los dos plenos habilitados en julio.

Eso sí, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales admiten que no quieren "cruzar negociaciones" y que las conversaciones sobre vivienda y dependencia van por canales diferentes.