Escribo estas líneas desde la rabia. Desde la rabia de saber que este miércoles se ha desahuciado a una mujer de 87 años y con discapacidad. Era la crónica de un desahucio parado en varias ocasiones por el Sindicato de Inquilinas y activistas, pero finalmente el tsunami de los fondos buitre, de una empresa aquí llamada Urbagestión, se ha llevado por delante las esperanzas de que Maricarmen pueda terminar su vida en su casa, con sus recuerdos y su gente.

Muchos han hecho su trabajo para llegar hasta aquí: desde los municipios cuyos gobiernos votan en contra de topar los alquileres (medida prevista en la ley de vivienda) a los que llevan años sin invertir en vivienda pública y social; a los que dan visas oro a los pisos turísticos y expulsan cada vez más lejos a los vecinos y vecinas de nuestra Comunidad; a los que no ponen freno a la especulación de los fondos buitre que ya huelen, desde las alturas de los palcos VIP donde se hacen negocios, la carroña de la gente que con el sudor de su frente trabaja día a día para tener una vivienda digna. Una sociedad distópica que ya Ana Botella, alcaldesa de Madrid allá por 2013, nos dibujó claramente cuando vendió 1.860 viviendas públicas de la EMVS a Fidere por 128 millones de euros. O cuando Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid por esa misma época, vendió 32 promociones de unas 2.935 viviendas a Azora por 201 millones de euros.

Además, el pasado 15 de septiembre se votaba en el Congreso una proposición de ley de Sumar para impedir que empresas y personas jurídicas pudieran adquirir viviendas; esto es, para frenar a los fondos buitre. Los partidos de derechas y ultraderecha Partido Popular, Vox, Junts, se opusieron (ya sabemos que su política es defender a los ricos y ultrarricos y a los grandes grupos empresariales). Y Coalición Canaria, PNV y PSOE se abstuvieron. Mucho tenemos que esforzarnos la clase política para cambiar este estado de cosas. Mientras, el nuevo real decreto-ley de vivienda y alquiler que podría detener este y otros desahucios, y que pretende la prórroga extraordinaria del alquiler hasta 2028, aguarda en un cajón del Congreso a la espera de que el Gobierno consiga los apoyos suficientes.

El caso de Maricarmen es una imagen de nuestro fracaso como sociedad y evidencia que la política debe estar al servicio de la gente

Hoy escribo estas palabras como concejala en un municipio con graves problemas de fondos buitre, donde muchas familias viven amenazadas por el yugo de estas pirañas y de políticos que votan en contra de proteger a las familias frente a los negocios empresariales, y donde incluso se han llegado a quitar pisos sociales municipales para ofrecérselos a médicos frente a cerca de 200 familias necesitadas en lista de espera. Donde los jóvenes y no tan jóvenes tienen que irse del pueblo que les vio nacer para buscar un hogar. Es, sencilla y llanamente, la política de la maldad. Sin filtros ni excusas.

Pero no nos resignemos. No normalicemos esto. Frente a ello, frente a la imagen del ático de Ayuso y de los áticos de los ultrarricos, seguiremos luchando por nuestra dignidad, por nuestras aspiraciones y nuestros propósitos de vida. Somos muchos más. 

Unos han aplicado la ley, pero que no se nos olvide nunca que hay normas injustas y que la justicia no es ciega ante las injusticias y las vejaciones.

El caso de Maricarmen no es un caso de vivienda. Es una imagen de nuestro fracaso como sociedad y evidencia que la política debe estar al servicio de la gente. Las urnas y el Parlamento están para cambiar las leyes y a los que votan en contra de la vivienda.

El 20 de septiembre, Die Linke obtuvo el 25% de los votos en Berlín superando al SPD y a la CDU. La vivienda fue uno de los ejes centrales de su campaña, y proponía municipalizar 220.000 viviendas, casi el mismo parque de viviendas municipales de Viena, donde existen otros 200.000 pisos cooperativos subvencionados. Dinamarca tiene 600.000 viviendas sociales, un 21% de su vivienda residencial, y en Países Bajos, el 75% de los 3 millones de vivienda de alquiler pertenecen a asociaciones de vivienda.

Hay alternativas y tenemos que seguir luchando por ellas. Y defender nuestra dignidad de clase trabajadora hoy más que nunca. Tengámoslo muy presente en las urnas. Nuestro futuro como sociedad está en juego.

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Elena Ancos es concejala de Más Madrid Pinto.