El magistrado, que investiga delitos de prevaricación y malversación, incoa un procedimiento para que sean juzgados ante un jurado popular
Archiva la causa contra la delegada de Hacienda, María del Carmen Cano
La juez confirma la expropiación forzos
El juez de Instrucción número 13 de Sevilla ha puesto fin a la investigación relacionada con los contratos públicos del mantenimiento de las piscinas de San Juan de Aznalfarache y lo ha hecho en un auto en el que acuerda continuar el proceso ante un jurado popular contra la alcaldesa de la localidad, María Luisa Moya (PP), y el ex delegado de Deportes y portavoz del grupo Cambia San Juan, Carlos Amado. En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado considera que hay indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el conocido como "caso Amado", por la gestión de los contratos para el mantenimiento de las piscinas municipales, y también acuerda archivar la causa contra la delegada de Hacienda, María del Carmen Cano, al estimar que "no existen indicios de que interviniera en dicha actividad delictiva".
El auto relata que en abril de 2023, los dos investigados, la alcaldesa popular -que actualmente gobierna en minoría tras romper el pacto con el grupo Cambia San Juan- y el entonces delegado de Deportes y Primer Teniente de Alcalde, Carlos Amado, iniciaron un procedimiento de contratación abierta para el servicio de mantenimiento integral de piscinas municipales de verano (expediente 1721/2023). En esta contratación, prosigue el instructor, "se decidió prescindir del procedimiento y adjudicar directamente los servicios a la empresa Rocío Jaime García por un periodo de tres meses, que comenzaba el 26 de junio".
Dice el juez que el coste económico por el servicio de fontanería y mantenimiento integral, que incluía la recogida de basura, zonas verdes, playa de las piscinas y pavimentos colindantes de la instalación, ascendía a 39.930 euros IVA incluido, mientras que el servicio de herrería tenía un coste de 10.490,70 euros. En total, el importe del mismo fue de 50.420,7 euros. El contrato se adjudicó a esta empresa a pesar de que la cooperativa Osset, que fue quien denunció el caso, había presentado sendas ofertas para el desempeño de los servicios solicitados con un presupuesto más económico. En concreto, había ofertado un coste de 33.242,05 euros para el servicio de fontanería y mantenimiento integral de piscinas, y de 7.891,96 euros para el servicio de herrería, lo que hacía un total de 41.134,01 euros, con lo cual este contrato era 9.286,69 euros más barato.
El magistrado concluye que en el presente caso y, a efectos de la incoación del procedimiento del tribunal del jurado, "resulta verosímil la investigación que, por los hechos relatados, se hace respecto de Carlos Amado y María Luisa Moya". Así considera que estos hechos revisten "por ahora y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, y de un delito de malversación del artículo 432 del Código Penal, siendo éste de los atribuidos a la competencia del Tribunal del Jurado, conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la ley anteriormente citada". Por todo ello, el juez acuerda la incoación de un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado y ha citado a los dos investigados el próximo 24 de noviembre a una comparecencia en la que se les dará traslado formalmente de la imputación.
Vox exige explicaciones a la alcaldesaPor su parte, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha exigido "explicaciones públicas e inmediatas" a la alcaldesa, María Luisa Moya Tejera, tras conocerse la resolución judicial que la procesa formalmente junto al ex primer teniente de alcalde y anterior delegado de Deportes, Carlos Alberto Amado Reina.
Desde VOX recuerdan que este procedimiento se desencadenó tras fiscalizar la gestión de la contratación del servicio de mantenimiento de las piscinas municipales en 2023. Según recoge el instructor, el equipo de gobierno presuntamente anuló de manera irregular el concurso público abierto para adjudicar "a dedo" los trabajos a una empresa privada por un total de 50.420,70 euros. Esta maniobra se realizó rechazando ofertas más ventajosas y económicas para el bolsillo de los vecinos de San Juan, como la presentada por la Cooperativa Osset SCA, cuyos presupuestos eran notablemente inferiores, ha destacado.
Para la formación, el procesamiento de la alcaldesa, María Luisa Moya, y del ex primer teniente de alcalde Carlos Alberto Amado evidencia un "patrón de gestión opaca e irregular en las instituciones locales". Desde el grupo municipal recuerdan que Carlos Alberto Amado, principal responsable de la delegación en el momento de los hechos, formaba parte del pacto de gobierno al frente de la formación 'Cambia San Juan' antes de ser apartado por la propia alcaldesa tras posteriores desavenencias políticas, pasando ahora a integrarse en la oposición.
"Los vecinos de San Juan de Aznalfarache no merecen un Ayuntamiento manchado bajo la sospecha continua de la corrupción y el uso arbitrario del dinero público. María Luisa Moya y Carlos Alberto Amado deben dar la cara, dar explicaciones públicas y asumir responsabilidades ante el pueblo sanjuanero", ha señalado el portavoz de VOX en San Juan, Ángel Bordas.