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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl consejero Martínez insiste en que es un modelo injusto y poco transparente y que en la liquidación anterior la comunidad vasca puso el 60% del dinero total, más que trece autonomías juntasOsakidetza atendió en 2023 y 2024 a 130.952 pacientes de otras comunidades y pide transparencia para liquidar los gastos
En la reunión de ese viernes del Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, Euskadi ha rechazado el pago de otros 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 de los fondos FCS (Fondo de Cohesión Sanitaria) y FOGA (Fondo de Garantía Asistencial). El consejero, Alberto Martínez, del PNV, que mantiene varios frentes abiertos con la ministra Mónica García, de Sumar, pidió ya en 2025 una revisión del modelo de este mecanismo para ajustar los gastos derivados de atenciones de pacientes de un servicio autonómico en el resto del Sistema Nacional de Salud al mostrar que Euskadi había puesto 169 millones, el 60% con un 5% de población, “superando incluso la suma de trece comunidades autónomas”.
“No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara. Sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, opina el consejero Martínez. Insiste en que el FCS y el FOGA tienen “importantes deficiencias jurídicas” y “mecanismos poco transparentes” que hacen que las estimaciones no sean homogéneas y que, según temen en privado en Euskadi, las comunidades cumplidoras que declaran todos los casos se vean penalizadas.
¿Qué son estos fondos? El FCS está regulado mediante un decreto de 2006 y cubre gastos de servicios a pacientes de una comunidad comunidad autónoma cuando en su sistema no hay centros de referencia para determinados servicios o patologías y tienen que ser atendidos. El FOGA, de 2012, cubre los desplazamientos temporales, como unas vacaciones.
Martínez recalca que no es una “discrepancia coyuntural”, sino una enmienda estructural al modelo. Lamenta, en ese sentido, que en 2025 el secretario de Estado, Javier Padilla, viera “de vital importancia” repensar el modelo y que, un año después, se mantenga el “extraordinario desequilibrio”. O que se haya hecho caso omiso al Tribunal de Cuentas del Estado. O que no se haya creado el grupo de trabajo anunciado. “No se ha producido ningún avance en este ámbito”, recalca el Gobierno vasco, que incide en que se “perpetúa” un problema “sin ningún tipo de cobertura legal”.
“No cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado Martínez, que asegura haber sumado a “otras comunidades” a su postura, por ejemplo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. “Madrid se suma al no”, se ha felicitado la parte vasca. El consejero vasco ya se erigió en la anterior reunión como líder de la oposición frente a la postura de la ministra García en relación al estatuto marco y las demandas del colectivo médico.
En la reunión de ese viernes del Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, Euskadi ha rechazado el pago de otros 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 de los fondos FCS (Fondo de Cohesión Sanitaria) y FOGA (Fondo de Garantía Asistencial). El consejero, Alberto Martínez, del PNV, que mantiene varios frentes abiertos con la ministra Mónica García, de Sumar, pidió ya en 2025 una revisión del modelo de este mecanismo para ajustar los gastos derivados de atenciones de pacientes de un servicio autonómico en el resto del Sistema Nacional de Salud al mostrar que Euskadi había puesto 169 millones, el 60% con un 5% de población, “superando incluso la suma de trece comunidades autónomas”.
“No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara. Sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, opina el consejero Martínez. Insiste en que el FCS y el FOGA tienen “importantes deficiencias jurídicas” y “mecanismos poco transparentes” que hacen que las estimaciones no sean homogéneas y que, según temen en privado en Euskadi, las comunidades cumplidoras que declaran todos los casos se vean penalizadas.
¿Qué son estos fondos? El FCS está regulado mediante un decreto de 2006 y cubre gastos de servicios a pacientes de una comunidad comunidad autónoma cuando en su sistema no hay centros de referencia para determinados servicios o patologías y tienen que ser atendidos. El FOGA, de 2012, cubre los desplazamientos temporales, como unas vacaciones.
Martínez recalca que no es una “discrepancia coyuntural”, sino una enmienda estructural al modelo. Lamenta, en ese sentido, que en 2025 el secretario de Estado, Javier Padilla, viera “de vital importancia” repensar el modelo y que, un año después, se mantenga el “extraordinario desequilibrio”. O que se haya hecho caso omiso al Tribunal de Cuentas del Estado. O que no se haya creado el grupo de trabajo anunciado. “No se ha producido ningún avance en este ámbito”, recalca el Gobierno vasco, que incide en que se “perpetúa” un problema “sin ningún tipo de cobertura legal”.
“No cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado Martínez, que asegura haber sumado a “otras comunidades” a su postura, por ejemplo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. “Madrid se suma al no”, se ha felicitado la parte vasca. El consejero vasco ya se erigió en la anterior reunión como líder de la oposición frente a la postura de la ministra García en relación al estatuto marco y las demandas del colectivo médico.