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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAAseguran que la sentencia de lo contencioso-administrativo sobre otro edificio no puede condicionar la causa penal y el PP pide la declaración "inmediata" de los imputadosDos exediles del PNV imputados por el derribo del Irurak Bat de Getxo dicen que “era un casa de vecinos en mal estado”
La investigación penal por el derribo del edificio protegido de Getxo Irurak Bat está en el aire porque una sentencia de otra jurisdicción, la contencioso-administrativa, estimó que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Dos de los tres exediles del PNV imputados ya pidieron la finalización de la causa y el tercero lo ha hecho ya también, subrayando que no ve delito alguno en los hechos. Entre las acusaciones, el PP y EH Bildu han presentado ya un escrito en sentido contrario e insisten en que hay indicios de que se cometieron delitos con el palacete.
Los 'populares', que son la principal fuerza de la oposición en Getxo y que, como EH Bildu, acudieron a los tribunales para que se analizase lo sucedido con el Irurak Bat, sostienen que sigue siendo necesario completar la investigación, que lleva semanas parada. El derribo se produjo en 2024 y en enero de este año el caso alcanzó una nueva dimensión con la Ertzaintza entrando en dependencias municipales e incautándose de dispositivos electrónicos, pero la decena de imputados ni siquiera ha prestado declaración y se discute aún qué hacer con los materiales decomisados.
Entre medias, en junio, surgió la nueva sentencia sobre La Aldea y el instructor penal, Marcos Amor, pidió a las partes una reflexión sobre cómo interpretaban su posible afección. Algunos de los imputados, rápidamente, vieron una nueva oportunidad para cerrar el caso. El escrito del PP, en cambio, sostiene que el fallo “no debe paralizar ni obstruir en nada la instrucción del presente procedimiento sino, en todo caso, servir de complemento”.
El abogado del PP, Eduardo Andrade, que es también el portavoz municipal, entiende que los indicios no solamente se fundamentan en los informes de la Ertzaintza, cuya labor está siendo muy cuestionada por los investigados, sino también en “pruebas documentales” sólidas. Cita, por ejemplo, que el área de Cultura del Gobierno vasco, que depende también del PNV, emitió un dictamen que concluye que “en ningún caso será posible su derribo ni total ni parcial salvo informe y previo y favorable” del organismo autonómico correspondiente. Se mencionan, igualmente, otros documentos técnicos en la misma dirección.
Los 'populares' indican también que La Aldea e Irurak Bat son casos “distintos”. En el primero, hubo una “solicitud expresa” de derribo, mientras que en el segundo no se solicitó tal cosa, “sino que utilizaron una vieja licencia de obras escondiendo un futuro derribo de un edificio protegido”. Para el PP, la demolición fue “premeditada” y recalca que dos ediles iban a comprar una vivienda en la promoción que se iba a levantar en el solar.
La acusación demanda “aclarar todas estas presuntas manipulaciones, presuntos tratos de favor, presunto uso de información privilegiada, en definitiva, los presuntos delitos de malversación urbanística, unos por acción y otros por omisión”. Pide “continuar” la instrucción, retomar las declaraciones pendientes, tanto de testigos como de los imputados, en este segundo caso “de forma inmediata”, y que se ordene la “apertura de los dispositivos electrónicos incautados” por parte de la Policía judicial.
En el caso de EH Bildu, según ha informado Europa Press, recuerda que la sentencia sobre La Aldea no es firme y que, además, no tiene “carácter jurisprudencial”. Añaden que los informes de la Ertzaintza recalcan que “el derribo del edificio Irurak Bat, protegido en custodia municipal, se llevó a cabo con omisión del procedimiento del PGOU y con infracción de la ley”.
La investigación penal por el derribo del edificio protegido de Getxo Irurak Bat está en el aire porque una sentencia de otra jurisdicción, la contencioso-administrativa, estimó que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Dos de los tres exediles del PNV imputados ya pidieron la finalización de la causa y el tercero lo ha hecho ya también, subrayando que no ve delito alguno en los hechos. Entre las acusaciones, el PP y EH Bildu han presentado ya un escrito en sentido contrario e insisten en que hay indicios de que se cometieron delitos con el palacete.
Los 'populares', que son la principal fuerza de la oposición en Getxo y que, como EH Bildu, acudieron a los tribunales para que se analizase lo sucedido con el Irurak Bat, sostienen que sigue siendo necesario completar la investigación, que lleva semanas parada. El derribo se produjo en 2024 y en enero de este año el caso alcanzó una nueva dimensión con la Ertzaintza entrando en dependencias municipales e incautándose de dispositivos electrónicos, pero la decena de imputados ni siquiera ha prestado declaración y se discute aún qué hacer con los materiales decomisados.
Entre medias, en junio, surgió la nueva sentencia sobre La Aldea y el instructor penal, Marcos Amor, pidió a las partes una reflexión sobre cómo interpretaban su posible afección. Algunos de los imputados, rápidamente, vieron una nueva oportunidad para cerrar el caso. El escrito del PP, en cambio, sostiene que el fallo “no debe paralizar ni obstruir en nada la instrucción del presente procedimiento sino, en todo caso, servir de complemento”.
El abogado del PP, Eduardo Andrade, que es también el portavoz municipal, entiende que los indicios no solamente se fundamentan en los informes de la Ertzaintza, cuya labor está siendo muy cuestionada por los investigados, sino también en “pruebas documentales” sólidas. Cita, por ejemplo, que el área de Cultura del Gobierno vasco, que depende también del PNV, emitió un dictamen que concluye que “en ningún caso será posible su derribo ni total ni parcial salvo informe y previo y favorable” del organismo autonómico correspondiente. Se mencionan, igualmente, otros documentos técnicos en la misma dirección.
Los 'populares' indican también que La Aldea e Irurak Bat son casos “distintos”. En el primero, hubo una “solicitud expresa” de derribo, mientras que en el segundo no se solicitó tal cosa, “sino que utilizaron una vieja licencia de obras escondiendo un futuro derribo de un edificio protegido”. Para el PP, la demolición fue “premeditada” y recalca que dos ediles iban a comprar una vivienda en la promoción que se iba a levantar en el solar.
La acusación demanda “aclarar todas estas presuntas manipulaciones, presuntos tratos de favor, presunto uso de información privilegiada, en definitiva, los presuntos delitos de malversación urbanística, unos por acción y otros por omisión”. Pide “continuar” la instrucción, retomar las declaraciones pendientes, tanto de testigos como de los imputados, en este segundo caso “de forma inmediata”, y que se ordene la “apertura de los dispositivos electrónicos incautados” por parte de la Policía judicial.
En el caso de EH Bildu, según ha informado Europa Press, recuerda que la sentencia sobre La Aldea no es firme y que, además, no tiene “carácter jurisprudencial”. Añaden que los informes de la Ertzaintza recalcan que “el derribo del edificio Irurak Bat, protegido en custodia municipal, se llevó a cabo con omisión del procedimiento del PGOU y con infracción de la ley”.