Las sanciones por exceso de velocidad aportan al Ayuntamiento de Barcelona sus buenos ingresos. Con el gobierno del color político que sea, con la oposición de un determinado signo o del contrario, las críticas al “afán recaudatorio” son recurrentes. Así sucede con el servicio de la grúa y con los radares situados en puntos estratégicos para cazar al conductor que sobrepasa los límites establecidos. Pero el sistema que permite actuar contra el infractor tiene sus costes. Prueba de ello es el contrato que acaba de hacerse público, a partir de la decisión adoptada por la comisión de gobierno el 25 de junio, de prorrogar por un año (del 20 de julio del 2026 al 19 de julio del 2027) el contrato de mantenimiento de los radares de punto. La adjudicación, con cargo al presupuesto municipal de este año y del que viene, se ha hecho por un valor de más de 418.000 euros. El segundo pago está condicionado a “la existencia de crédito adecuado y suficiente” del presupuesto 2027. No parece que vaya a ser un problema, a pesar de lo difícil que resulta cada año aprobar las cuentas.