El anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental, presentado ayer por el president de la Generalitat, Salvador Illa, puede calificarse como una de las reformas administrativas clave, si se aplica como debiera, para Catalunya. Para nadie es un secreto que las administraciones públicas, en su afán reglamentario, se han convertido en una pesada losa que frena el dinamismo económico de la sociedad. Eso es especialmente relevante en el sector de la construcción. Ha sido precisamente la necesidad de acelerar la construcción de viviendas el motor de dicha reforma. También en el sector industrial.

La citada iniciativa legal busca que empresas y ciudadanos obtengan licencias de obras y autorizaciones ambientales en un plazo de un mes, y planeamientos urbanísticos derivados en seis u ocho meses, frente a los más de tres años necesarios en la actualidad. La nueva normativa modifica 15 textos legales vigentes y ha sido elaborada en un amplio marco de negociación.

La ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales pretende eliminar burocracia

Si los procesos urbanísticos se reducen significativamente, será más sencillo poner suelo en el mercado y desarrollar promociones inmobiliarias que hoy permanecen paralizadas durante años. Y si esa simplificación administrativa se amplía al conjunto de trámites para otros proyectos económicos y empresariales, tal como se pretende, se habrá dado un paso de gigante para acelerar la modernización del tejido productivo y de las infraestructuras de Catalunya. Son muchos los proyectos de todo tipo que permanecen empantanados entre las diversas administraciones públicas, tales como nuevas instalaciones industriales, de energías renovables, centros tecnológicos y diversas infraestructuras. Que la Generalitat haya dado el primer paso para mejorar la eficacia y los plazos de los trámites y de las autorizaciones­ administrativas es muy importante, ya que interviene­ en muchas de ellas juntamente con la administración central­ y la local.

Simplificar trámites administrativos, reducir los plazos de la concesión de permisos, con la inclusión del silencio administrativo, y evitar las duplicidades que se producen deberá permitir, de entrada, reducir los costes económicos –tanto públicos como privados– de la ejecución de los proyectos y limitar la incertidumbre jurídica. Con ello puede mejorar también la competitividad de Catalunya frente a otros territorios europeos que ofrecen procedimientos mucho más ágiles y, finalmente –y eso es lo más urgente ahora–, puede contribuir a desbloquear uno de los grandes problemas actuales: la insuficiente oferta de vivienda. Si los procesos urbanísticos se reducen significativamente, será más sencillo poner suelo en el mercado y desarrollar más rápidamente las promociones inmobiliarias que se necesitan para cumplir con el objetivo del Govern de la Generalitat de construir unas 50.000 nuevas viviendas.

Ahora de lo que se trata es que el citado anteproyecto inicie los trámites lo antes posible y pueda ser convertido en una ley en vigor sin que el proceso caiga en los retrasos y bloqueos administrativos y políticos que justamente se pretenden evitar. Además, el hecho de que esa ley salga adelante no significa que se puedan conseguir los objetivos propuestos, ya que la reestructuración de la administración pública que la misma comporta es, paradójicamente, complicada. La experiencia demuestra que muchas reformas administrativas producen mejoras modestas porque simplifican la norma, pero no modifican suficientemente la organización administrativa. Existe asimismo el riesgo de que parte de la carga administrativa simplemente se traslade hacia entidades colaboradoras o certificadoras privadas, como prevé el anteproyecto, que puedan incrementar los costes de gestión.

El principal objetivo es ayudar a la rápida construcción de viviendas que el país necesita

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que muchos proyectos no quedan bloqueados en la Generalitat, sino en los ayuntamientos, que es de quien dependen bastantes procedimientos urbanísticos. Sin un refuerzo de los medios humanos y tecnológicos municipales, probablemente, una parte de la pretendida agilización podría quedar limitada. Será muy complejo, asimismo, garantizar que la reducción de trámites no implique una menor calidad de las evaluaciones ambientales, lo que puede mantener el retraso de muchas autorizaciones como las que actualmente están bloqueadas.

En suma, el anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental es una de las iniciativas administrativas más relevantes de los últimos años. Lo importante, sin embargo, es que su desarrollo pueda llevarse a la práctica con rapidez y eficacia. El progreso del país y la necesidad urgente de vivienda así lo exigen.