Es una locución arquetípica de cualquier Tribunal Constitucional que la opinión pública es un presupuesto del sistema democrático. En ocasiones, al sintagma opinión pública se le añaden adjetivos como libre o robusta que, lejos de ser superficiales, denotan la tensión entre diferentes concepciones de la idea. En la tradición estadounidense, desde principios del siglo XX, la idea jurídica de opinión pública se ha subsumido en una metáfora económica: la del libre mercado de las ideas. La virtud de la opinión pública residiría, por lo tanto, en que sea una síntesis espontánea de las libertades comunicativas. En la tradición europea, sin embargo, la opinión pública es una institución cuyo sentido no se ha desprendido de sus orígenes elitistas. Está vinculada a un ideal deliberativo e ilustrado y, en último término, a la búsqueda de la verdad. Es por ello por lo que la irrupción del sistema de comunicación digital, que cuestiona la jerarquía de los intermediarios y, en concreto, el papel central de la prensa institucionalizada en la creación de opinión, resulta mucho más difícil de digerir en el espacio jurídico europeo. Resulta simbólico que el último Habermas, tras una vida defendiendo las posibilidades de la comunicación social, se despida con un libro que es una suerte de epitafio para la opinión pública. Una ficción inviable en el ecosistema tecnológico digital. El Estado constitucional dependería así de una realidad que no es capaz de garantizar normativamente. Restaurar la opinión pública se erige, en este contexto, en una tarea tan esencial como quijotesca, tal y como demuestra el esfuerzo europeo con la Ley de Servicios Digitales. Dicha restauración, en todo caso, no puede hacerse al margen de la prensa y de su viabilidad económica en un mercado, el de la prensa digital, marcado por el pecado original de la gratuidad y que sobrevive gracias a la vocación de muchos periodistas que trabajan en condiciones de precariedad. La propia UE, en su Ley de Medios, ha puesto de manifiesto las patologías democráticas, desde la perspectiva de la neutralidad, de un modelo de apoyo a la prensa centrado en la publicidad institucional. En este contexto, marcado además por el hecho cultural de que los jóvenes, como comprobamos los profesores, no leen prensa, se impone una reflexión sobre dos posibilidades de promoción financiera todavía no exploradas. Que las suscripciones a los medios de comunicación sean un gasto fiscalmente desgravable para los ciudadanos. Que éstos –especialmente los jóvenes– disfruten de un bono público para suscribirse a los medios que libremente consideren.