Era uno de los principales objetivos políticos de Emmanuel Macron antes de abandonar el Palacio del Elíseo, y tras cuatro años de debates y nueve votaciones, la Asamblea Nacional francesa aprobó finalmente este miércoles el derecho a la muerte asistida, con 291 votos a favor y 241 en contra. 

Francia se une así al reducido grupo de países europeos que autoriza, bajo ciertas condiciones, el derecho a la “ayuda a morir”, aunque el texto todavía deberá ser examinado por el Consejo Constitucional. Este órgano deberá determinar si ciertas cláusulas, como el período mínimo de reflexión de dos días que se concede al paciente tras la aprobación médica de la muerte asistida, son compatibles con los "principios de libertad individual y dignidad humana", informó la oficina del Primer Ministro. 

“Esta es una gran ley para nuestra República (...) largamente esperada por nuestros conciudadanos”, declaró la presidenta de la Asamblea Nacional tras la histórica votación. 

La ley suscribe que el derecho a la eutanasia estará reservado para pacientes adultos con una enfermedad terminal que amenace su vida y que puedan expresar sus deseos “libremente y con pleno conocimiento” de acabar con su vida. Tras presentar la petición, un médico deberá verificar su elegibilidad y luego un equipo multidisciplinario, para finalmente tomar una decisión. El paciente podrá negarse en cualquier momento y deberá administrarse él mismo el producto letal, excepto cuando "no esté físicamente capacitado para hacerlo". En ese caso, un médico o una enfermera podrán encargarse de ello.

Los profesionales sanitarios que se nieguen a participar en el procedimiento podrán invocar una objeción de conciencia, siempre que remitan al paciente a un compañero.

Más polémica

El proyecto generó importantes discrepancias en el hemiciclo. La izquierda y los partidarios de Macron votaron mayoritariamente a favor, mientras que la derecha y la extrema derecha desde un principio se han mostrado en contra de este derecho. Una división que también ha generado discrepancias entre Emmanuel Macron y algunos de sus primeros ministros; tanto Michel Barnier, François Bayrou, como el actual jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu, se han mostrado reacios a la iniciativa. 

“En 2022, me había comprometido a abrir este camino con los franceses. Con gravedad, con humildad y en el pleno respeto a nuestra democracia, este compromiso se ha cumplido. (...) Gracias a todos los parlamentarios que han permitido un debate constructivo y respetuoso”, escribió Macron en su perfil de X. 

La Iglesia de Francia, sin embargo, no se mostró conforme con este histórico paso y lamentó "una ruptura grave en la historia del país". “Los efectos de una legislación así todavía no se pueden valorar pero ya se están esbozando. Nuestra relación con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad o la enfermedad, cambiará”, señalaron en un comunicado. 

Ante las críticas, el presidente del Senado, Gérard Larcher y el primer ministro, Sebastién Lecornu anunciaron que remitirán el texto al Consejo Constitucional para abordar la persistente oposición. La resolución del Consejo, que podría modificar ciertos aspectos de esta ley, deberá hacerse pública el próximo 15 de agosto. 

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