El Gobierno confiaba una sentencia "positiva" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía y ha visto cumplidas todas sus expectativas con lo que considera una resolución "muy clara". El fallo dictamina que la ley de amnistía es una norma compatible con el derecho comunitario, en línea con las tesis defendidas hace un año por el abogado general de la UE. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá resolver los recursos de amparo, con un dictamen previsiblemente favorable, y será el Tribunal Supremo el que deba acatar la norma en un nuevo fallo.

“La ley es plenamente compatible con el derecho europeo y los valores de la Unión”, ha concluido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante una declaración institucional desde La Moncloa. Desde una valoración más política, el titular de Justicia ha defendido el "éxito rotundo en términos de conviviencia" de la medida de gracia y la "normalidad institucional plena" entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya.

El Gobierno urge igualmente a aplicar "lo antes posible" la amnistía a los líderes que impulsaron el 'procés' al entender que la sentencia del TJUE despeja este camino. "Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes, cuando se aplique a los líderes que impulsaron el 'procés'. Esta será la última etapa del proceso de normalización", vaticinó Bolaños.

Desde el Ejecutivo esperaban este aval para poder cumplir sus compromisos de investidura con los independentistas y apuntalar la "convivencia y normalización" para pasar página del procés. La aplicación total de la amnistía, cuando lo dictaminen ahora los tribunales españoles, supondrá el levantamiento de las órdenes de detención para Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, además de eliminar las penas de inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados por malversación, un delito que el Supremo rechazó amnistiar.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, trasmitía este martes su confianza en que la sentencia fuese “clara y contundente” en línea con una norma que en el Ejecutivo calificaban como "legal, legítima y emanada del Parlamento”. Tras ello, y como han demandado ahora desde las formaciones independentistas, abogaba por aplicar la medida de gracia "con diligencia y sin dilación”.

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