Canadá ha reabierto una de las preguntas más difíciles de la muerte asistida. Una comisión parlamentaria de ese país ha recomendado excluir de forma indefinida a las personas que tengan una enfermedad mental como única condición médica para acceder a la ayuda para morir. La propuesta desplaza el foco hacia un terreno delicado: qué ocurre cuando el sufrimiento intolerable no procede de un cáncer, una enfermedad neurodegenerativa o una lesión irreversible, sino de un trastorno mental grave.

Nos parece una barbaridad. La clave no debería estar en el diagnóstico, sino en evaluar si la persona conserva la capacidad de decidir y si su sufrimiento cumple la ley

Cristina Vallès

— Presidenta de 'Dret a morir dignament (DMD)'

En España, la ley no excluye diagnósticos concretos. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia permite solicitar la prestación por enfermedad grave e incurable o por padecimiento grave, crónico e imposibilitante. En ambos casos habla de sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. La cuestión no es si una depresión, una anorexia u otro trastorno “dan derecho” a la eutanasia, sino si una situación concreta cumple el llamado contexto eutanásico.

Meses antes de conocerse esta decisión canadiense, dos de los mayores expertos del Estado en cuanto a la aplicación ética y legal de la ley de eutanasia, José Antonio Seoane y Blanca Morera -catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Comité de Bioética, y presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, defienden o la aplicación de la norma ante sufrimientos psíquicos. Ambos han asegurado -en un congreso celebrado en San Sebastián- que la ley de eutanasia, vigente desde hace cuatro años, es la más garantista de las existentes y han animado, en especial Morera, a precisar los criterios de aplicación. Los dos han reivindicado que se trate en plano de igualdad y no discriminación al sufrimiento psiquiátrico respecto al físico.

No es el diagnóstico

Desde Dret a Morir Dignament Catalunya (DMD), la recomendación canadiense se lee como un retroceso. “Nos parece una barbaridad”, afirma Cristina Vallès, presidenta de la entidad. A su juicio, excluir de entrada las enfermedades mentales implica no concebirlas como enfermedades de la persona “sino como del alma”, una mirada que considera “absurda” y “poco científica”. Para Vallès, “la clave no debería estar en el diagnóstico, sino en evaluar si la persona conserva la capacidad de decidir y si su sufrimiento cumple la ley”.

Estamos ante personas que pueden vestirse y asearse, pero no pueden desarrollar una vida digna

Elena Rosa Gámez Armas

— Doctora en psicología y miembro del grupo de atención personalizada de DMD

Elena Rosa Gámez Armas, doctora en psicología y miembro del grupo de atención personalizada de DMD, lo formula así: “No hay una eutanasia por depresión ni por ningún trastorno en particular”. Según explica, quienes llegan a plantear una solicitud no acaban de recibir un diagnóstico ni atraviesan un malestar reciente, sino que arrastran trayectorias largas de tratamientos, intentos de recuperación y sufrimiento persistente. “Nos llega gente de procesos de cinco, siete, diez o quince años”, señala.

El problema, añade, es que el dolor emocional sigue siendo observado con más recelo que el dolor físico. “La evaluación suele centrarse en la pérdida de autonomía física: si la persona camina, se asea o se viste. En salud mental, el deterioro puede expresarse como incapacidad para sostener vínculos, trabajar o llevar una vida que la propia persona considere digna. Estamos ante personas que pueden vestirse y asearse, pero no pueden desarrollar una vida digna”, resume.

La frontera con el suicidio

El temor de fondo es conocido: que una persona pida morir en un momento de crisis, desesperanza o ideación suicida. Para Gámez, ese riesgo existe y obliga a una evaluación cuidadosa, pero no puede traducirse en una negación automática de la autonomía. “Los profesionales de la salud mental tienen que seguir buscando soluciones, pero también respetar esa autonomía y valorar que es una persona con capacidad de decisión”, sostiene. Una crisis suicida exige protección e intervención urgente. Una solicitud de eutanasia, en cambio, debe pasar por dos peticiones separadas en el tiempo, deliberación con el médico responsable, valoración de un médico consultor y verificación previa de la Comisión de Garantía y Evaluación. Profesionales de salud mental como Blanca Morera afirman categóricamente que distinguen con claridad una crisis puntual de una situación que pueda motivar una eutanasia.

En los casos vinculados a sufrimiento psíquico, la pregunta decisiva es si la persona comprende lo que solicita, aprecia las consecuencias de su decisión, razona de forma consistente y mantiene su voluntad en el tiempo. “Todas las personas tienen capacidad de hecho si no se demuestra lo contrario”, afirma Gámez. Por eso DMD reclama más formación, deliberación e informes sólidos, no una exclusión previa.

Cuando tratar más ya no ayuda

Uno de los argumentos contra la eutanasia por sufrimiento psíquico es que la petición puede esconder un fracaso del sistema: falta de tratamientos, recursos o apoyo social. DMD no niega que la atención a la salud mental tenga déficits, pero rechaza que esa objeción invalide todas las demandas. “Una persona que no ha tenido tratamiento médico anterior no entrará en el proceso de eutanasia”, afirma Vallès.

La experiencia que les llega, sostiene Gámez, suele ser la opuesta a la imagen de un sistema que ofrece la muerte como solución fácil. “No se les deja abandonados. Es lo contrario: prueba esto, prueba lo otro, prueba más allá”, explica. El problema aparece cuando el derecho a rechazar un tratamiento se respeta menos en salud mental. “Hay una especie de penalización cuando una persona dice: no quiero seguir con otro tratamiento”.

Desde DMD, esa dificultad se interpreta como un problema de equilibrio entre la obligación de seguir buscando alternativas terapéuticas y el respeto a la autonomía de la persona. Gámez sostiene que, en salud mental, muchos profesionales “tienden al rechazo” a la eutanasia o a proponer nuevas alternativas por desconocimiento o por miedo a no haber hecho todo lo posible. “Hay un conflicto entre la ayuda y el respeto a la autonomía”, resume.

Casos judicializados y ruido mediático

El debate también se ha visto atravesado por casos judicializados y por una fuerte exposición mediática. Vallès recuerda que no todos los casos utilizados públicamente para discutir sobre eutanasia y salud mental respondían realmente a ese supuesto. Sobre Noelia Castillo, subraya que su solicitud estaba marcada por dolores neuropáticos insoportables y que la salud mental fue usada por terceros como argumento para intentar frenar el proceso.

En el caso de Pere Puig, un caso descrito por EL PERIÓDICO, la entidad extrae otro aprendizaje: en salud mental, donde el daño no siempre se ve desde fuera, no basta con aportar diagnósticos o informes. Según Vallès, la persona debe poder explicar “qué cuestiones que yo considero absolutamente básicas quedan impedidas por mi enfermedad”.

Ni pánico moral ni banalización

La dificultad del debate exige un lenguaje especialmente cuidadoso. Hablar de “eutanasia por depresión” puede alimentar el pánico moral. Banalizarla también ignora que es un derecho sometido a garantías estrictas.

Vallès pide “tranquilidad” a la ciudadanía y también a los profesionales: si una persona no es competente para decidir sobre su salud, no podrá acceder a la prestación; si lo es, no debería quedar excluida por tener una enfermedad mental. “No discriminación, garantía total”, sintetiza. Gámez añade una última petición a la hora de contar estos casos: “Buscar la veracidad es lo que vale para cualquier cosa”.

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