El debate sobre el proyecto de la mezquita del Polígono Sur ha vuelto este jueves al Pleno apenas unos días después de que la Gerencia de Urbanismo dejara sobre la mesa la concesión de la licencia a la espera de nuevos informes técnicos y jurídicos. Durante el turno de preguntas al alcalde popular, el portavoz de Vox, Gonzalo García Polavieja , insistió en que el gobierno municipal debe abrir un proceso de participación ciudadana para recabar la opinión de vecinos y expertos sobre un proyecto que, a su juicio, tiene una dimensión suficiente para justificar ese trámite.

El edil recordó que su grupo ya planteó en la comisión ejecutiva de Urbanismo dos cuestiones: revisar el uso declarado del complejo al considerar que podría no corresponderse con el uso principal previsto y valorar la apertura de un periodo de participación ciudadana. García Polavieja argumentó que el proyecto ha generado “bastante inquietud” entre vecinos del Polígono Sur, La Oliva, Tiro de Línea y Bami, al tiempo que reprochó la falta de información pública sobre la iniciativa. Como comparación, citó el desarrollo de Altadis, cuyos promotores, dijo, mantuvieron reuniones previas con vecinos, comerciantes y grupos políticos antes del inicio de las obras. Por ello, preguntó directamente al alcalde si considera conveniente abrir ese proceso de participación ciudadana y, en caso afirmativo, qué mecanismos prevé poner en marcha.

José Luis Sanz evitó pronunciarse sobre el fondo de la propuesta y recordó que la licencia quedó pendiente tras las dudas jurídicas planteadas en la comisión ejecutiva de Urbanismo. Según explicó el primer edil, serán los técnicos de la Gerencia quienes determinen mediante nuevos informes “la conveniencia” de abrir ese proceso y, en su caso, cómo debería desarrollarse. “Ayer pregunté por estos informes y todavía no están realizados”, señaló antes de insistir en que esperará al criterio técnico antes de adoptar una decisión.

En su réplica, Vox sostuvo que la conveniencia política de abrir una participación ciudadana no requiere un informe jurídico previo y apeló al artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contempla que, cuando la singularidad o el tamaño de una actuación lo aconsejen, “podrá abrirse un periodo de participación ciudadana” para conocer la opinión tanto de la población afectada como de especialistas. El portavoz insistió en que la cuestión planteada al alcalde no era si el procedimiento era legal, sino si el gobierno municipal considera oportuno escuchar a los vecinos antes de continuar con la tramitación.

Sin embargo, Sanz mantuvo su posición y reiteró que no realizará ninguna valoración hasta conocer el contenido de los informes que elaboran en Urbanismo, tanto sobre la legalidad como sobre la conveniencia y la forma en que podría articularse esa eventual participación ciudadana. El debate plenario se produce después de que el Ayuntamiento de Sevilla decidiera paralizar temporalmente la concesión de la licencia del complejo previsto en el Polígono Sur para solicitar nuevos informes técnicos y jurídicos tras las objeciones formuladas por Vox.