La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) solicitó al Gobierno la ampliación urgente del paquete de medidas aprobado para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio sobre el sector agrario. El Real Decreto-ley 7/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado, será sometido a votación el próximo 26 de marzo en el Congreso de los Diputados.

Aunque COAG valora este plan de choque como un «primer paso necesario», advierte de importantes carencias que podrían dejar sin cobertura a miles de profesionales del campo. Según sus estimaciones, el sector agrario soporta ya un sobrecoste superior a 1.050 millones de euros anuales debido al encarecimiento de insumos clave como el gasóleo, los fertilizantes y los plásticos agrícolas.

Entre las principales demandas, la organización agraria subraya la ausencia de ayudas específicas para los plásticos agrícolas, cuyo precio aumentó más de un 20 por ciento en las últimas semanas. Estos materiales, imprescindibles para invernaderos, sistemas de riego o ensilado, son fundamentales en sectores como la horticultura, la ganadería intensiva o la fruticultura. COAG propone la creación de una línea de ayudas de al menos 45 millones de euros para compensar este incremento.

Otra de las críticas se centra en la exclusión de los apicultores del sistema de ayudas al combustible. El actual mecanismo contempla bonificaciones vinculadas al gasóleo agrícola (tipo B), mientras que los apicultores utilizan gasóleo de automoción (tipo A) para el transporte de colmenas, quedando fuera de las subvenciones. Esta situación afecta a unas 36.000 explotaciones en toda España. Coag plantea corregir este «tecnicismo» mediante una disposición adicional que reconozca este gasto como subvencionable.

El secretario general de la organización, Miguel Padilla, advirtió de que la eficacia del decreto dependerá de la evolución del conflicto internacional. ««Si la situación se resuelve en un 2-3 semanas, las medidas aprobadas pueden absorber el impacto. Si el conflicto se sostiene o escala, será necesario un nuevo paquete de medidas más ambicioso», señaló.

Además, COAG insta a las comunidades autónomas a activar con urgencia medidas complementarias propias, adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio. La organización considera que la respuesta institucional debe ser coordinada y proporcional al impacto real que está sufriendo el sector.