"En las próximas semanas os llegará, por primera vez, un recibo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) llamado Tributo Metropolitano". Éste es el arranque de la carta con la que el AMB informa de la nueva obligación de pagar el denominado Tributo Metropolitano que, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, empieza a aplicar desde este 2026 a unos 240.000 hogares del área de Barcelona. La misiva, que ha trascendido en grupos ciudadanos en redes sociales, está llegando estas semanas a miles de familias que deben empezar a tributar este recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) único en España.

La comunicación formal del AMB responde a la obligación de las administraciones públicas cuando incluyen por primera vez a sujetos pasivos en padrones tributarios. De hecho, los errores en este tipo de notificaciones son el principal motivo de reclamaciones de rembolso a cargo de la ciudadanía, como por ejemplo ocurrió con la tasa de residuos en el Vallès. En esta ocasión, el AMB informa de que los cobros a estos nuevos miles de contribuyentes serán, "en la mayoría de los casos", de una cuota anual situada entre los 18 y los 22 euros.

Carta informativa del AMB sobre el nuevo pago del Tributo Metropolitano. / EL PERIÓDICO

"El dinero recaudado por este Tributo se destina a financiar servicios público y actuaciones de interés general, como las bonificaciones sociales del transporte público, las políticas de acceso a la vivienda protegida o el mantenimiento de espacios naturales y urbanos", reza el texto del comunicado. La administración metropolitana remarca la función social de su impuesto, habitual objeto de críticas de plataformas vecinales de los municipios de la segunda corona metropolitana —Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès o Molins de Rei, por ejemplo— que, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), empezaron a pagar el Tributo Metropolitano el año 2019.

La razón que explica la nueva tributación es que esos miles de hogares estaban hasta ahora exentos de pagar el gravamen por localizarse en inmuebles con un valor catastral inferior a 49.213,77 euros y dedicados a primera residencia. Después de que el Tribunal Supremo tumbara esta exención, el beneficio fiscal —vigente el pasado 2025 de manera excepcional— ha desaparecido de la nueva ordenanza fiscal y ya no será aplicable el próximo 2026. La norma fiscal de este 2026 salió adelante a finales del año pasado en el Consejo Metropolitano del AMB con el único voto favorable del PSC y la abstención del resto de fuerzas políticas que integran el gobierno metropolitano: Junts, ERC y Comuns.

Una información relevante sobre la nueva obligación tributaria de miles de contribuyentes es el calendario fiscal, distinto en función de cada municipio. Según las fechas publicadas por el AMB, estos meses de junio y julio el Tributo se cobra en la mayoría de municipios, de L'Hospitalet de Llobregat a Sant Adrià de Besòs. Entre mayo y junio se ha girado el recibo en ciudades como Barcelona y Badalona. Y ya hasta el 4 de septiembre se cobrará en Castelldefels y Cornellà de Llobregat.

El último movimiento político sobre el Tributo Metropolitano fue la escalada de su reforma pendiente en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril. El AMB está preocupado porque la Justicia le ha obligado ejecutar una reforma fiscal en detrimento de los contribuyentes particulares y con la que ha perdido 40 millones de ingresos propios, poniendo en peligro sus inversiones. Es por ello que las cuatro fuerzas que gobiernan la administración metropolitana, PSC, Junts, ERC y Comuns, unieron fuerzas para reunirse con los grupos parlamentarios del Congreso y trasladarles la necesidad de modificar la Ley de Haciendas Locales.

La 'estatalización' del conflicto sobre el Tributo Metropolitano que pretende el AMB sigue la estela de la propuesta de modificación legal que presentó el grupo parlamentario de Junts a finales del pasado 2025. El objetivo metropolitano es triple: por un lado, que la regulación permita establecer tres tipos máximos diferenciados según el uso de los inmuebles (0,2% para inmuebles urbanos, 0,1% para rústicos y 0,3% para bienes con usos de características especiales —BICES—), tal y como ocurría hasta la reforma fiscal de este 2026. En segundo lugar, que la Ley posibilite beneficios fiscales como reducciones en la cuota para inmuebles de uso residencial, tal y como históricamente había previsto el AMB para proteger fiscalmente a los hogares. Por último, hay una tercera petición más técnica: que el tipo impositivo se aplique sobre la base liquidable y no sobre la imponible del IBI, por tal de que la tributación sea más realista y no entre en conflicto con las normativas municipales.

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