El proceso de contratación pública para adjudicar la concesión para el suministro de agua en ocho ciudades del área de Barcelona sigue su curso. Tras la presentación de ofertas a cargo de seis grupos empresariales, ahora la mesa de contratación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) las ha admitido formalmente por unanimidad, acreditando que ninguno de las licitadores incurre en prohibición de contratar. Los ocho municipios con contratas caducadas para los cuales se licita el servicio son Sant Cugat del Vallès; Cervelló; Corbera de Llobregat; La Palma de Cervelló; Tiana; Sant Andreu de la Barca; Molins de Rei; y Ripollet. La cuantía de la licitación son 1.078 millones de euros.

La certificación metropolitana se ha producido tras la apertura del sobre A del concurso, que incluye documentación general de cada candidatura como el documento europeo único de contratación o una declaración de sumisión a los tribunales españoles. Queda pendiente la resolución de la apertura de otros dos sobres. El B contempla la documentación vinculada a los criterios evaluables por un juicio de valor. El C, por su parte, incluye la oferta económica y demás documentos que se estudian automatizadamente a través de fórmulas.

De las seis potenciales adjudicatarios, dos se han presentado solas: Agbar (Veolia) y Sacyr Agua. En los cuatro casos restantes, las sociedades han optado por Uniones Temporales de Empresas (UTE) para fortalecer sus estructuras. Bajo esta fórmula se han presentado, por un lado, la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment y Constructora de Calaf, cada una con un 33,3% de participación en la estructura societaria. Estas empresas no tienen relación accionarial, pero sí acostumbran a presentarse conjuntamente a las licitaciones del sector del agua.

En segundo lugar, ha concurrido el grupo Saur mediante una UTE integrada por la matriz francesa (20%) y su filial española, Gestión y Técnicas del Agua (Gestagua), que posee el 80% de la alianza. La tercera UTE potencialmente adjudicatario de la concesión está integrada por Aqualia (FCC) y Aguas de Valencia, cada una con un 50% de participación. Finalmente, la sexta oferta corresponde a la presentada por el grupo portugués Indaqua, que puja mediante una UTE coprotagonizada por Indaqua Gestión del Agua y su filial española, Hidrogestión, también cada una con una mitad de la unión.

En este paso intermedio de la licitación pública también queda claro cuántos potenciales adjudicatarios tienen voluntad de subcontratar alguna prestación del servicio. Esta posibilidad la accionan dos UTEs (Facsa-GS Inima Envorntment-Constructora de Calaf y Saur-Gestagua) y la sociedad Sacyr Agua. Por su parte, la UTE Indaqua Gestión del Agua-Hidrogestión declara que otra empresa del grupo, Industria e Gestão de Águas, S.A., se compromete a poner a disposición de la UTE "los medios y recursos correspondientes a la solvencia técnica o profesional y a la solvencia económica y financiera durante toda la vigencia del contrato". Los únicos dos licitadores que no expresan voluntad de subcontratar con Agbar y la UTE Aqualia-Aguas de Valencia.

Los pliegos de la licitación avalan la subcontratación como fórmula válida siempre que recaiga sobre prestaciones accesorias del contrato de concesión de servicios. Son ejemplos de ello el mantenimiento de depósitos, la lectura de contadores o servicios técnicos especializados como pruebas de laboratorio para el control de calidad del agua.

Las ofertas serán estudiadas por una mesa de contratación metropolitana cuya composición también queda tasada en los pliegos de la licitación. El presidente del será Miquel Comino (PSC), consejero metropolitano delegado de Vivienda del AMB y alcalde de Sant Vicenç dels Horts, y en su ausencia lo relevaría Antonio Balmón (PSC), vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat. El órgano se completará con tres vocales: un secretario, Juan Antonio Pérez; una interventora, Silvia Rodríguez; y un vocal, Xavier Herranz. También estará presente en calidad de secretaria Gemma Rodríguez, coordinadora general de los Servicios de Contratación del AMB.

El contrato que formalicen AMB y empresa concesionaria dispondrá también de un régimen de penalidades por incumplimientos. Que podrán ser leves (penalización entre el 0% y el 1% de los ingresos obtenidos por la empresa en su último ejercicio); graves (entre el 1% y 2%); y muy graves (entre el 2% y 4%). Entre los incumplimientos muy graves se sitúan la falsificación de documentación; la desobediencia a órdenes urgentes del AMB; o el retraso injustificado en la presentación de documentos al AMB.

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