El grupo Veolia ha presentado la mejor oferta económica para adjudicarse el contrato público de 1.000 millones del suministro de agua en ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Lo confirman a EL PERIÓDICO fuentes del AMB, administración que licita el concurso y que advierte de que la adjudicación formal aún no se ha producido y que deberá esperar al cauce administrativo previsto. De cara a septiembre, la mesa de contratación del AMB elevará una propuesta de adjudicación que deberá ser aprobada en el Consejo Metropolitano del ente.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, Veolia es la mejor posicionada para lograr la adjudicación milmillonaria tras obtener la máxima puntuación del 'sobre B', el cual contiene la propuesta técnica y que representa 49 puntos sobre 100 del concurso. Los 51 puntos restantes dependen de la oferta económica, en el 'sobre C' que se ha abierto este 23 de julio. Es este sobre el que ha revelado que la oferta más ventajosa es la ofrecida por el grupo Veolia, que en este ocasión ha concurrido con la filial Sociedad General de Aguas de Barcelona. A través de la marca Aigües de Barcelona, el grupo ya suministra agua a la población de Barcelona y otras 22 ciudades de su entorno.

Partiendo de una exigencia de la licitación de casi 170 millones de inversiones, la oferta económica de Veolia asciende a 67,4 millones. En orden ascendente, le siguen la oferta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) del grupo Saur integrada por esta matriz francesa y su filial española, Gestión y Técnicas del Agua (Gestagua), de 92,6 millones; la oferta de la UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment y Constructora de Calaf, de 119,5 millones; y la propuesta de la UTE Aqualia (FCC) y Aguas de Valencia, de 126,5 millones. Las ofertas económicas más elevadas son la de la empresa Sacyr Agua, 136,6 millones, y la de la UTE del grupo portugués Indaqua, de 139,3 millones.

Fuentes del sector consultadas por este diario advierten de que el desenlace del concurso puede ser controvertido por una posible oferta anormalmente baja a cargo de Veolia. Esta figura jurídica está prevista en los pliegos de cláusulas administrativas y económicas de la licitación, que indican que se considerarán 'anormalmente bajas' las propuestas que estén un 5% por debajo de la media aritmética del total de ofertas presentadas, excluyendo para ese cálculo la que supere en un 5% esa media.

En cualquier caso, ante la posible detección a cargo de la mesa de contratación del AMB de una oferta con valores anormales o desproporcionados, el procedimiento pasa por otorgar cinco días hábiles a la empresa licitadora para que justifique los parámetros a partir de los cuales se defina la anormalidad de la oferta y se precisen sus condiciones.

Ahora bien, únicamente podrán ser rechazados y excluidos del procedimiento los licitadores "que no aporten la justificación requerida o cuya oferta se estime que no pueda ser cumplida con satisfacción", rezan los pliegos del concurso. Es decir, que cabe la posibilidad de que la adjudicación tire hacia adelante pese a tratarse de una oferta considerada 'anormalmente baja'. En esta línea, los argumentos de Veolia para justificar su oferta defienden su capacidad para ofrecer economías de escala y su conocimiento del territorio metropolitano, a partir de la dilatada experiencia de Aigües de Barcelona.

A falta de publicarse el acta de las puntuaciones concretas del sobre económico, la clasificación restante en el sobre técnico que ganó Veolia se completa por el siguiente orden, en el que quedan representadas cuatro Uniones Temporales de Empresas (UE): UTE Aqualia (FCC) y Aguas de Valencia (45,3 puntos); UTE del grupo francés Saur (41,8 puntos); UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment y Constructora de Calaf (41,2 puntos); UTE del grupo portugués Indaqua (41,2); y finalmente la empresa Sacyr Agua (37,6 puntos).

El contrato público en el que Veolia lleva ventaja a sus competidores licita el suministro de agua para las ciudades de Cervelló; Corbera de Llobregat; Molins de Rei; la Palma de Cervelló; Ripollet; Sant Andreu de la Barca; Sant Cugat del Vallès; y Tiana. Aunque la duración estimada del contrato es de 25 años —lo que sitúa su finalización el año 2051—, la licitación contemplará la posibilidad de una prórroga de otros casi cuatro años. En las otras 23 ciudades del AMB, Barcelona incluida, la suministradora es actualmente Aigües de Barcelona, también del grupo Veolia pero constituida como sociedad mixta entre Veolia (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%).

El informe de viabilidad del concurso exige que la futura concesionaria deberá invertir 168,8 millones en la infraestructura hidráulica de los ocho municipios. Las inversiones representarán un soplo de aire fresco para ciudades lastradas por contratas caducadas años atrás y en situación de excepcional transitoriedad tras una importante sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La competencia sobre la gestión del agua en las ciudades del área de Barcelona fue de los ayuntamientos hasta octubre del 2020. El TSJC sentenció entonces que la competencia correspondía en realidad al AMB como administración, que pasaba de ejercer una coordinación instrumental del servicio a directamente relevar a los consistorios como titular.

Esta nueva concesión de agua implicará que en el perímetro del AMB convivan tres modelos de gestión: el de la empresa mixta Aigües de Barcelona; el de las empresas municipales que perviven (Aigües de Barberà, en Barberà del Vallès; Aigües de Sabadell, en Bellaterra; Aigües de Castellbisbal, en Castellbisbal, también participada por el AMB; y Aigües del Prat, en El Prat de Llobregat); y el de la futura concesionaria de la licitación en marcha. De todos estos servicios, sólo los de Barberà y El Prat se consideran de gestión directa, es decir, que son los ayuntamientos los que asumen íntegramente el servicio. El resto son de gestión indirecta a través de sociedades cuyo capital no es 100% público.

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