El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha aprobado este martes una nueva instrucción para endurecer los requisitos del padrón municipal y combatir el fraude en los empadronamientos. El nuevo protocolo, que entra en vigor de forma inmediata, incorpora más controles, incrementa las inspecciones y refuerza la presencialidad en los trámites exigido para empadronamientos. El municipio, principal feudo de Junts, redobla su política de endurecimiento del padrón, la cual ha situado en la agenda municipalista del mapa catalán.

El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), ha justificado la medida recordando el episodio detectado en agosto de 2025, cuando el consistorio identificó más de 300 intentos de empadronamiento fraudulentos. “En un mes y medio inspeccionamos todos los domicilios y comprobamos que solo dos eran correctos”, ha explicado Vallès. El resto fueron dados de baja automáticamente.

A partir de ese caso, el gobierno local ha impulsado un endurecimiento de los protocolos con un objetivo claro: “Tolerancia cero con los empadronamientos fraudulentos”, ha subrayado el alcalde.

La nueva normativa introduce tres importantes cambios. El primero es el refuerzo de la presencialidad: las personas mayores de 16 años deberán acudir físicamente al Ayuntamiento para identificarse, aunque inicien el trámite de forma telemática. Si no lo hacen en un plazo de tres meses, el consistorio podrá activar una inspección domiciliaria para comprobar si realmente residen en la vivienda.

El segundo eje es el incremento de inspecciones. Estas se realizarán tanto en casos sospechosos como de forma aleatoria, con el objetivo de verificar que el padrón refleja la realidad del municipio.

El tercero se centra en detectar situaciones de sobreocupación. El Ayuntamiento utilizará herramientas internas para identificar viviendas con un número de personas superior al permitido o con movimientos inusuales de altas y bajas.

El teniente de alcalde Jordi Puigneró ha señalado que estas medidas buscan evitar prácticas como el uso de documentación falsa o autorizaciones irregulares para empadronar a terceros. “Queremos garantizar que quien está empadronado realmente vive en Sant Cugat”, ha afirmado.

El consistorio sostiene que el fenómeno "no es exclusivo de la ciudad, sino que afecta a muchos municipios". En este sentido, Puigneró ha advertido de un “efecto llamada” derivado de la facilidad para empadronarse y ha defendido la necesidad de reforzar los controles dentro del marco legal vigente.

Además, el Ayuntamiento ya había dado de baja en el último año y medio a unas 4.000 personas que figuraban en el padrón sin residir en el municipio, aunque en muchos casos no se pudo determinar si se trataba de fraude o de simples “dejadeces administrativas”.

Con este nuevo protocolo, el gobierno municipal pretende que el padrón “refleje la realidad poblacional” de la ciudad, un registro clave para el acceso a servicios y ayudas públicas.