El PP y Vox han pactado una batería de enmiendas a la ley de Medidas Fiscales del Consell Valenciano, más conocida como ley de Acompañamiento, con las que expanden la "prioridad nacional" voxista a varias leyes autonómicas, que pasarán a estar "inspiradas" en este principio. Además, prohíben el acceso a ayudas sociales a personas "en situación administrativa irregular", endurecen el acceso de personas migrantes a la Renta Valenciana de Inclusión y prohíben el uso del niqab y el burka a los empleados públicos de la Generalitat Valenciana, entre otras. Todas ellas son propuestas de los de Santiago Abascal, que de nuevo imponen su criterio al PP de Juanfran Pérez Llorca. Ambos partidos han registrado este viernes en las Corts esos acuerdos, sellados a través de varias enmiendas transaccionales y de aproximación, si bien no son descartables nuevos pactos entre socios durante la tramitación de la norma, que oficialmente arranca este lunes.

La prioridad nacional de Vox había entrado hasta ahora en los Presupuestos como objetivos genéricos de varias conselleries, pero estos pactos ramifican ese principio a leyes autonómicas, convirtiéndolo en vinculante. El PP transige y además de incluirla en los Servicios Sociales, donde se plasma como eje central de la asignación de ayudas, acata la exigencia de Vox de vetar el acceso a estas ayudas a personas en situación irregular, pese a que los migrantes sin papeles tienen muy complicado beneficiarse de subvenciones públicas. De hecho, estas personas en situación irregular no pueden acceder a subsidios dirigidos a los más vulnerables precisamente por no disponer de documentación en regla, como ha reconocido el propio Ministerio de Igualdad.

Pese a todo, el PP 'compra' ese marco de Vox y acuerdan "la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico". Según establece, también se "contemplará el establecimiento de un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación al territorio" y "vinculará" el acceso a las ayudas a la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema".

También pactan introducir cambios en la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), donde además de incluir expresamente el principio de "prioridad nacional", empiezan a aterrizar los efectos del mismo. Así, el PP acepta las peticiones de Vox y accede a modificar el tiempo mínimo de residencia en la C. Valenciana que debe acumular una persona para poder solicitar la ayuda, endureciendolo de forma ostensible.

En concreto, para considerar que una persona cumple con el requisito de "residencia habitual", la ley valenciana exigirá que "conste el empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana" o bien durante tres años "de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud" o bien "diez años dentro de los treinta inmediatamente anteriores a la solicitud, de manera continuada o interrumpida". La diferencia es sustancial respecto a los 15 meses de empadronamiento continuado o cinco años en caso de que la residencia haya sido interrumpida y amenaza con complicar mucho la vida a personas migrantes vulnerables, que no podrán recibir esta ayuda hasta acumular tres años en la C. Valenciana.

El PP y Vox también acuerdan introducir una disposición final a la ley que regula la RVI en la que se fija que el Consell "aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspiradas en el principio de prioridad nacional". Con esto, será "prioritaria" la asignación de recursos "a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana". Lo mismo sucede con la ley autonómica de servicios sociales inclusivos y con el sistema público de Servicios Sociales, que a partir de ahora promoverán "el principio de prioridad nacional" exigiendo ese arraigo "real, duradero y verificable" en la C. Valenciana.

Por ahora, la "prioridad nacional" que han pactado PP y Vox en estas enmiendas se circunscribe al ámbito autonómico, lo que puede provocar la paradoja de que la norma termine beneficiando a personas migrantes que cumplan con esos criterios de empadronamiento continuado por delante de nacionales de otros territorios que lleguen a la C. Valenciana. En todas las modificaciones en servicios sociales, PP y Vox pactan exigir ese "arraigo real, duradero y verificable en la C. Valenciana".

Sólo en vivienda, materia en la que de momento no han pactado modificaciones al proyecto de ley, Vox amplía el radio y habla de "empadronamiento histórico en algún municipio de España".

Asimismo, Vox también logra imponer otra de sus exigencias: la prohibición del niqab y del burka en la Función Pública. Ambos partidos han pactado una enmienda que obliga a los trabajadores públicos a "mantener el rostro sustancialmente descubierto durante la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro" para "garantizar el derecho de la ciudadanía a su plena identificación visual". Además, convierten ese uso de prendas que no permitan mantener el rostro "sustancialmente descubierto" en una falta en "grave".

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