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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAAmbos partidos acuerdan tramitar una nueva ley que regule esta prestación y que incorpore "a las personas ya beneficiarias al nuevo marco jurídico incorporando el principio de prioridad nacional", que se aplicará también en las ayudas a las personas sin hogar y en riesgo de exclusión socialPP y Vox introducen por primera vez el término “prioridad nacional” en ayudas públicas de la Generalitat Valenciana
El PP valenciano vuelve a claudicar ante las exigencias de Vox. Si este lunes aceptó incluir por primera vez en unos presupuestos de la Generalitat Valenciana el concepto de prioridad nacional para poder acceder a una vivienda protegida ya sea en régimen de compra o de alquiler, este martes ha aceptado también incluir este principio en las ayudas sociales, entre ellas, en la Renta Valenciana de Inclusión.
Los populares han votado a favor de estas enmiendas a las cuentas autonómicas presentadas por el partido de extrema derecha en la comisión de las Corts que se ha celebrado este martes.
En concreto, ambos partidos han acordado tramitar una nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión (RVI) “ampliando su campo de actuación, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”. Esto supondrá la incorporación “de personas ya beneficiarias de RVI al nuevo marco jurídico incorporando el principio de prioridad nacional”.
El mismo concepto se ha aprobado a ayudas sociales para personas sin hogar o en riesgo de exclusión. En el primero de los casos, se propone la “financiación de actuaciones para la intervención social de las personas en situación de sinhogarismo y programas para reducir la feminización de la pobreza incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”.
En cuanto a las ayudas personas en riesgo de exclusión también se establece la “gestión, coordinación y seguimiento de prestaciones sociales, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente”.
Los criterios que se deberán cumplir para ser beneficiarios de la nueva RVI se conocerá durante el debate de las enmienda a la Ley de Acompañamiento. De salir adelante la propuesta realizada por Vox, se exigirá un arraigo de tres años ininterrumpidos previos al momento de la solicitud de la ayuda o de 10 años alternos dentro de los 30 anteriores a la petición de la renta.
Críticas del PSPV y de Compromís
Al respecto, el PSPV ha acusado a los populares de “abandonar y maltratar” a las personas más necesitadas y a los profesionales de los servicios sociales, también de “mirar hacia otro lado”, al tiempo que ha abogado por destinar más recursos para reducir las listas de espera, agilizar los procedimientos, recuperar el Pla Convivint y ha criticado el modelo del PP y Vox que “debilita la gestión pública mientras favorece la privatización”. Además, ha preguntado al PP por qué no acepta los 3.669 millones de euros del nuevo modelo de financiación: “¿Porque son de un gobierno de rojos?”.
Y Compromís ha calificado de “fascistas y xenófobos” los presupuestos del Consell, ha denunciado el “abandono” del PP a los servicios sociales, cuya “negligencia” llega a provocar “tragedias familiares”, y mientras ha planteado entre otras cosas mejorar la autonomía personal y la accesibilidad y aumentar las ayudas a afectados por ELA. También ha criticado que el hasta la pasada semana jefe de gabinete de la Conselleria, José Francisco Pérez, estuviera “más ocupado en montar un festival” en Sagunt que de los servicios sociales: “Qué corruptos podéis llegar a ser”.
Por su parte,, el PP ha defendido que los presupuestos del Consell son “trabajados y realistas”, además de “los más sociales de la historia”, y sitúan “a la persona en el centro” para que “viva en libertad sin que nadie le condene a la dependencia y la pobreza”.
Mientras, Vox ha reivindicado que para gestionar “correctamente” los servicios sociales hay que garantizar “el arraigo real, duradero, efectivo, estable y verificable”, algo de “sentido común”. “Por primera vez la prioridad nacional va a ser una realidad”, han celebrado desde la formación, y han apostado por premiar la residencia, el empadronamiento, la permanencia y la contribución al país: “Gracias a Vox el tiempo de residencia exigible para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión pasa de 12 meses a tres años”.
El PP valenciano vuelve a claudicar ante las exigencias de Vox. Si este lunes aceptó incluir por primera vez en unos presupuestos de la Generalitat Valenciana el concepto de prioridad nacional para poder acceder a una vivienda protegida ya sea en régimen de compra o de alquiler, este martes ha aceptado también incluir este principio en las ayudas sociales, entre ellas, en la Renta Valenciana de Inclusión.
Los populares han votado a favor de estas enmiendas a las cuentas autonómicas presentadas por el partido de extrema derecha en la comisión de las Corts que se ha celebrado este martes.
En concreto, ambos partidos han acordado tramitar una nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión (RVI) “ampliando su campo de actuación, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”. Esto supondrá la incorporación “de personas ya beneficiarias de RVI al nuevo marco jurídico incorporando el principio de prioridad nacional”.
El mismo concepto se ha aprobado a ayudas sociales para personas sin hogar o en riesgo de exclusión. En el primero de los casos, se propone la “financiación de actuaciones para la intervención social de las personas en situación de sinhogarismo y programas para reducir la feminización de la pobreza incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”.
En cuanto a las ayudas personas en riesgo de exclusión también se establece la “gestión, coordinación y seguimiento de prestaciones sociales, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente”.
Los criterios que se deberán cumplir para ser beneficiarios de la nueva RVI se conocerá durante el debate de las enmienda a la Ley de Acompañamiento. De salir adelante la propuesta realizada por Vox, se exigirá un arraigo de tres años ininterrumpidos previos al momento de la solicitud de la ayuda o de 10 años alternos dentro de los 30 anteriores a la petición de la renta.
Críticas del PSPV y de CompromísAl respecto, el PSPV ha acusado a los populares de “abandonar y maltratar” a las personas más necesitadas y a los profesionales de los servicios sociales, también de “mirar hacia otro lado”, al tiempo que ha abogado por destinar más recursos para reducir las listas de espera, agilizar los procedimientos, recuperar el Pla Convivint y ha criticado el modelo del PP y Vox que “debilita la gestión pública mientras favorece la privatización”. Además, ha preguntado al PP por qué no acepta los 3.669 millones de euros del nuevo modelo de financiación: “¿Porque son de un gobierno de rojos?”.
Y Compromís ha calificado de “fascistas y xenófobos” los presupuestos del Consell, ha denunciado el “abandono” del PP a los servicios sociales, cuya “negligencia” llega a provocar “tragedias familiares”, y mientras ha planteado entre otras cosas mejorar la autonomía personal y la accesibilidad y aumentar las ayudas a afectados por ELA. También ha criticado que el hasta la pasada semana jefe de gabinete de la Conselleria, José Francisco Pérez, estuviera “más ocupado en montar un festival” en Sagunt que de los servicios sociales: “Qué corruptos podéis llegar a ser”.
Por su parte,, el PP ha defendido que los presupuestos del Consell son “trabajados y realistas”, además de “los más sociales de la historia”, y sitúan “a la persona en el centro” para que “viva en libertad sin que nadie le condene a la dependencia y la pobreza”.
Mientras, Vox ha reivindicado que para gestionar “correctamente” los servicios sociales hay que garantizar “el arraigo real, duradero, efectivo, estable y verificable”, algo de “sentido común”. “Por primera vez la prioridad nacional va a ser una realidad”, han celebrado desde la formación, y han apostado por premiar la residencia, el empadronamiento, la permanencia y la contribución al país: “Gracias a Vox el tiempo de residencia exigible para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión pasa de 12 meses a tres años”.