El club Tambora ha abierto al público este viernes con total normalidad, pese a la existencia de un decreto municipal que ordena el cierre inmediato de las instalaciones. Una circunstancia posible, ya que, a las 14:00 de este viernes, la decisión del Ayuntamiento (firmada el pasado martes por el concejal Antonio Peral) no había sido recibida oficialmente por la empresa responsable. Todo ello, pese a que los responsables de la sala de eventos al aire libre se han reunido este mismo viernes con el edil popular en las dependencias de la Concejalía de Urbanismo.

Aunque desde Tambora se niegan a responder sobre la notificación de la orden de cierre, INFORMACIÓN ha podido saber de fuentes municipales que el decreto se envió a mediados de semana a través de la sede electrónica. Sin embargo, los interesados disponen de un plazo de diez días naturales para su apertura, sin que se consideren advertidos oficialmente hasta que procedan a la lectura de la orden o hasta que se cumpla dicho plazo. Frente a ello, el Ayuntamiento dispone de otra herramienta: notificar el decreto en mano, mediante la brigada de Urbanismo de la Policía Local. Algo que, en torno a las 22:00 de este viernes, tampoco se había producido por el momento.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, conversa con el CEO de Tambora, Mario Puche, y su ingeniero, antes de reunirse en la concejalía. / Alejandro J. Fuentes

Con este contexto, y pese a que Tambora no había procedido a la apertura de la notificación (y, por tanto, no era conocedora oficialmente de la orden de cierre), responsables de la empresa se han reunido con el propio edil de Urbanismo, Antonio Peral, en la sede de la Concejalía, sin que hayan trascendido detalles del encuentro. La reunión, que se ha celebrado a primera hora de la mañana, no ha sido la única: portavoces de la compañía también acudieron al Ayuntamiento este jueves para tratar de subsanar las irregularidades detectadas por los técnicos.

Tal y como avanzó este diario, la Concejalía de Urbanismo ha detectado recientemente nuevas irregularidades en uno de los locales de moda de la ciudad: el club Tambora. El espacio, que organiza eventos al aire libre en la avenida de las Torres de la Huerta, ya fue clausurado el pasado año por el mismo motivo. En ese momento, la decisión le costó al gobierno municipal las críticas de la oposición, debido a que el cese de la actividad se decretó en septiembre cuando los servicios municipales eran conscientes de la situación desde julio, lo que permitió que el negocio funcionara libremente durante todo el verano de 2025.

El club Tambora, abierto con normalidad este viernes. / Pilar Cortés

Ahora, la situación se repite: el Ayuntamiento ha requerido a Tambora Open Air S. L. (la empresa detrás de la instalación) que suspenda de forma inmediata el ejercicio de la actividad de eventos al aire libre "al carecer de instrumento urbanístico y ambiental habilitante", pero el espacio ha vuelto a abrir al público ante la inacción municipal del área que dirige Antonio Peral. Todo ello pese a que la Policía Local constató la situación hace ahora veinte días y el decreto municipal que ordena el cierre advierte a la mercantil de que, si incumple el requerimiento, se procederá al precinto de las instalaciones por parte de los agentes municipales.

A pesar de que Tambora presentó una declaración responsable para el ejercicio de actividades eventuales y la instalación temporal de un evento al aire libre, los técnicos del área que dirige Antonio Peral remarcan que existe un informe del Servicio de Seguridad en el que se hace constar que el Plan de Seguridad registrado por la empresa "no se ajusta a lo previsto en el Decreto 143/2015 del Consell", ya que no cumple con los contenidos mínimos exigibles.

Además, respecto a este expediente, los funcionarios consideran "no apto" el uso solicitado por Tambora en la parcela en cuestión, al apreciar que la actividad que realiza la discoteca al aire libre "no se encuentra dentro de los supuestos recogidos en el otorgamiento de licencias de uso provisional". Del mismo modo, se incide también en que las pérgolas que figuran en el proyecto registrado por la mercantil "carecen de autorización o licencia de obra menor", según se establece en la correspondiente ordenanza municipal.

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