El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha hecho efectivo el desalojo de la polémica pescadería que los comerciantes habían denunciado por "ocupar" una parada del mercado de Collblanc. En un comunicado, el consistorio habla abiertamente de una "ocupación ilegal" a la que han puesto remedio los servicios municipales y la Unidad de Convivencia y Civismo de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet. Se trata de las paradas interiores 182, 183 y 184, que han sido desocupadas por carecer la pescadería de la "preceptiva autorización administrativa", agregan fuentes municipales.Seguir leyendo....
El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha hecho efectivo el desalojo de la polémica pescadería que los comerciantes habían denunciado por "ocupar" una parada del mercado de Collblanc. En un comunicado, el consistorio habla abiertamente de una "ocupación ilegal" a la que han puesto remedio los servicios municipales y la Unidad de Convivencia y Civismo de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet. Se trata de las paradas interiores 182, 183 y 184, que han sido desocupadas por carecer la pescadería de la "preceptiva autorización administrativa", agregan fuentes municipales.
El origen del conflicto se sitúa dos años atrás, en la jubilación de la anterior paradista, que traspasó el comercio. Cuando el consistorio observó que la nueva concesionaria tenía "deudas tributarias" pendientes, le denegó el permiso y desestimó un recurso posterior. Después, la nueva paradista impugnó la denegación en un juzgado de lo contencioso-administrativo, que admitió a trámite el nuevo recurso y está pendiente de resolverse en 2027.
La titular de la pescadería sostiene que el reglamento aplicable permite que, mientras se realiza el cambio de titularidad, se pueda seguir trabajando en el negocio traspasado. Sin embargo, el consistorio remarca que actualmente él es el titular de la concesión, ya que la concesionaria jubilada renunció al permiso en favor del consistorio una vez que el propio ayuntamiento denegó el cambio de titularidad. La última resolución del consistorio agota así los intentos de detener el desalojo por parte de los responsables del negocio por la vía administrativa, aunque deja margen para interponer un nuevo recurso contencioso-administrativo en los tribunales.