Faltan ocho meses para las municipales y autonómicas y menos de un año, salvo adelanto, para las generales, pero la política española hace mucho tiempo que vive en campaña permanente. Cada problema se convierte enseguida en un arma contra el adversario y cada imagen compite por imponerse a la anterior. Esta semana lo resume bien: la salida en camilla por desahucio de una mujer de 87 años de la casa en la que llevaba siete décadas, unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros cuyo origen todavía no está claro y un bote de gas pimienta que la diputada del PP Ana Vázquez sacó para hablar de Ceuta en el Congreso de los Diputados. Representan tres debates que van a ser claves en esta precampaña eterna. El reto será llegar a las urnas con algo más que culpables a los que señalar.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, en el centro de Madrid después de 71 viviendo en el mismo piso, ha devuelto la vivienda al centro del debate. Sumar exige al PSOE aprobar ya un decreto que, sostiene, habría evitado el lanzamiento, mientras el Gobierno culpa al PP. En Madrid, entretanto, sigue sin cerrarse el ‘aticazo’: Planifica Madrid mantiene a la venta el inmueble de Chamberí y la documentación publicada no ha despejado del todo quién tomó la decisión final de comprarlo ni por qué se eligió un ático. Fuera hay nuevos espejos para la izquierda (Zohran Mamdani ganó Nueva York con el mandato de lograr viviendas asequibles y el partido Die Linke acaba de vencer en Berlín haciendo de la vivienda su gran asunto), pero la realidad dentro de España es que los partidos de esa órbita tampoco han conseguido revertir la situación cuando han estado en el poder. ¿Cómo puede ser que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, haya estado desaparecida hasta el jueves? Tras décadas de fracasos consecutivos de gobiernos de distinto signo, quizá el problema no sea solo qué medidas se toman, sino quién responde por ellas. La vivienda es hoy una competencia fragmentada entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos. Cuando todos son responsables, al final no lo es nadie. Tal vez haya llegado el momento de reordenar esa arquitectura, porque después de tantos anuncios, leyes y planes, el problema de la vivienda es también uno de credibilidad institucional.

La semana judicial ha vivido otra semana grande para el PSOE con la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y la citación de las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. En este último caso se ha vuelto a poner el foco en las joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente, valoradas en más de 1,3 millones. Zapatero dice —y por ahora solo es su versión— que tres juegos fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007, que falleció ocho años más tarde. Para acreditarlo ha pedido al juez que reclame cooperación a Riad mediante una comisión rogatoria para que confirme su relato. Esa será una de las claves: por ahora no consta una confirmación oficiosa de Arabia Saudí y ya se verá si responden. En los países sin sólidos pilares democráticos se quedan muchas peticiones sin contestar.

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El PP quiso convertir un bote de gas pimienta en símbolo de la inseguridad en Ceuta y acabó consiguiendo que durante horas se hablara más del espray que de los graves problemas en la frontera. La diputada Ana Vázquez lo exhibió en el pleno, fue expulsada y después un asesor lo manipuló en unos baños: varias dependencias tuvieron que ser precintadas y 12 personas fueron atendidas. Dentro del grupo parlamentario y en algunos territorios ha provocado malestar por haber distraído el foco de lo verdaderamente importante. Casi dos meses después de la entrada masiva, Ceuta sigue teniendo en su territorio a miles de personas en sus calles sin atender, entre ellas varios centenares de menores. Esta semana Sánchez dio un paso que había evitado hasta ahora: dijo que “está claro” que el mecanismo de control marroquí falló el 30 de julio y que ha pedido explicaciones a Rabat. En julio había evitado cualquier reproche directo. España necesita a Marruecos para contener las llegadas y efectuar retornos. Es el dilema que acompaña a la política migratoria de la Unión Europea, que ha externalizado parte del control de sus fronteras y ha convertido a países terceros en socios indispensables. El Ejecutivo debe exigir explicaciones a Marruecos cuando falla la seguridad fronteriza, pero al mismo tiempo necesita mantener su cooperación para que ese control funcione. Es un equilibrio incómodo que afronta hoy Sánchez y que sufrirá cualquier Gobierno que venga después. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido mucho más duro con Rabat en esta crisis, una posición que le puede complicar la futura relación bilateral si llega a la Moncloa.

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