"Ha sido una decepción total", ha declarado la consejera en funciones de Sostenibilidad, Catalina García, tras la conferencia sectorial de medio ambiente hoy celebrada. Este encuentro parecía una oportunidad para dialogar sobre las posibles modificaciones en la norma que cambia las concesiones y usos de la costa andaluza, pero se ha acotado a una mera exposición informativa, según explican desde la Junta.

El organismo andaluz ha manifestado su descontento ante la decisión del Gobierno de España de proseguir con la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas, postura que se mantiene a pesar de las reclamaciones presentadas por Andalucía y la mayoría de las comunidades autónomas del litoral. La región andaluza considera que se ha ignorado el consenso territorial en un asunto de vital importancia para la gestión costera.

Durante la Conferencia Sectorial, celebrada este miércoles de forma telemática, la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, junto a la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, reiteró la necesidad de un diálogo efectivo y cooperación institucional. García enfatizó que una reforma de tal envergadura no debería abordarse sin un respeto competencial previo, una advertencia ya formulada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). No obstante, según ha explicado la Junta de Andalucía, la sesión se limitó a una mera exposición informativa, sin ofrecer "espacios reales de concertación" ni integrar las "alegaciones de los territorios que estamos afectados", según sus propias palabras.

Críticas a la tramitación unilateral

La Junta andaluza ha calificado de "especialmente grave" la decisión del Ejecutivo central de desoír la "posición ampliamente compartida" por las comunidades autónomas. Estas regiones costeras demandan la paralización de la tramitación del Reglamento hasta que se aborde una revisión integral de la Ley de Costas. Argumentan que las modificaciones propuestas inciden directamente en competencias autonómicas, afectando a actividades económicas estratégicas y a diversos modelos de gestión territorial.

Inseguridad jurídica y conflicto competencial

Según las mismas fuentes, se ha puesto de manifiesto que el MITECO prosigue con una reforma parcial del Reglamento, a pesar de que persisten las disposiciones legales cuestionadas por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción relativo a las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. La consejera García ha remarcado que son "las comunidades autónomas las que gestionan" estos títulos, y lamenta que "no se nos ha consultado ni se han tenido en cuenta nuestras alegaciones" al respecto.

Petición de diálogo y cogobernanza

Catalina García ha alertado que "avanzar en una modificación reglamentaria" sin considerar estas objeciones provocará "inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial". Esto, a su juicio, impactará negativamente tanto en la protección del litoral como en el desarrollo de las actividades económicas ligadas a la costa y al mar. En este sentido, defendió que la Conferencia Sectorial debe transformarse en un "espacio de cogobernanza real", permitiendo a las comunidades autónomas influir en decisiones que afectan sus procedimientos administrativos y la gestión del litoral.