La Conselleria d'Empresa i Treball de Catalunya, a propuesta de Inspecció de Treball, impuso el pasado mes de marzo dos sanciones al Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), según las resoluciones a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La primera, de 751 euros, se acordó al considerar que el centro, de titularidad pública y destinado a investigar la leucemia y otras enfermedades hematológicas malignas, incurrió en una infracción "grave" al no haber evitado que la exgerente del IJC sufriera un "menosprecio a su dignidad" a manos del entonces director, el investigador Manel Esteller. El IJC recurrió esta sanción, pero Treball desestimó el recurso el 11 de mayo y confirmó íntegramente la multa.

La segunda sanción, de 2.451 euros, la impuso Treball al IJC al considerar que esta entidad, pese a que existían "riesgos psicosociales altos" y era necesario realizar una "evaluación psicosocial" de la trabajadora, no planificó ni acreditó tomó las medidas preventivas necesarias para protegerla.

Protegidas por la Oficina Antifrau

Tal como avanzó este diario el pasado 3 de julio, el Institut Josep Carreras despidió a dos trabajadoras –la exgerente y la excoordinadora económica del centro–, protegidas por la Oficina Antifrau de Catalunya, que denunciaron un posible desvío de fondos e irregularidades durante de la etapa de Manel Esteller como director del IJC. Además, otras cuatro jefas de unidades de este centro de investigación, vinculadas a la denuncia, también fueron despedidas de forma fulminante entre enero y junio de 2025.

La exgerente y la excoordinadora económica del IJC presentaron una denuncia ante Antifrau en noviembre de 2024, aportando documentación sobre una presunta desviación de fondos públicos, así como sobre "opacidad organizativa, presiones institucionales y vulneración del marco normativo". También denunciaron que habían sufrido acoso laboral y presiones para hacer la vista gorda ante esas irregularidades. Ahora, Treball considera acreditado que la exgerente sufrió "menosprecio a la dignidad e integridad", aunque no califica los hechos como acoso por no apreciar continuidad temporal suficiente.

Dos sanciones

El acta de la Inspección propuso la sanción de 751 euros al IJC, aceptada por el departament de Treball, en virtud del artículo 40 de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. La resolución recoge un informe elaborado por un "organismo externo", fechado el 4 de julio de 2024, sobre la situación de la entonces gerente del Institut Josep Carreras. "Este informe concluye que ha quedado acreditado que se ha atentado contra su dignidad e integridad, pese a que los hechos no cumplen con el requisito de la continuidad en el tiempo para poder ser cualificados de acoso. En base al resultado de este análisis (...), el inspector actuante concluye que la señora (...) ha sufrido un menosprecio en su dignidad y a la integridad", detalla Treball.

Entre las actuaciones examinadas figura la orden de Esteller —que dejó el centro en noviembre de 2025 y actualmente trabaja en el Institut de Recerca de Sant Pau— de bloquear a la exgerente el correo corporativo y todos sus accesos de trabajo: comunicaciones, archivos, agenda y firma electrónica. Según el informe jurídico, la medida le impedía de facto ejercer sus funciones, lo que podía afectar al funcionamiento ordinario del Instituto. Los accesos se restablecieron pocos días después. Además, en plena escalada del conflicto, la exgerente y la excoordinadora económica optaron por trabajar desde casa, después de que el IJC les recomendara hacerlo para que se sintieran más seguras y tranquilas, según consta en la documentación interna del centro. Así se desprende de un expediente interno del IJC para investigar "un posible caso de acoso", al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Riesgos psicosociales altos"

Treball sostiene que en la gestión del conflicto, el Institut "debería haber actuado de manera que evitara la producción de la lesión en la dignidad de la trabajadora y, al no hacerlo, ha incumplido sus obligaciones". La misma resolución establece que queda fuera de su competencia determinar si ha habido "represalias" hacia la gerente debido a su condición de "alertadora" –estatus legal de la persona que, en un contexto laboral, revela información sobre irregularidades, delitos o corrupción–. La competencia corresponde a Antifrau, que mantiene abierta una investigación. La exgerente fue despedida y ha presentado una demanda ante la justicia en la que argumenta que esta acción fue por mera represalia, al haber denunciado el presunto desvío de fondos a Antifrau.

En su segundo expediente sancionador porque el IJC ha sido sancionado con 2.451 euros, Treball considera "probado" que, aunque la entidad detectó en una evaluación "la presencia de diferentes riesgos psicosociales altos", no incluyó "ninguna medida para paliar la situación". "Se concluye que la entidad no ha cumplido debidamente con su obligación de desplegar y planificar la acción preventiva que se derive como necesaria de las evaluaciones de riesgos practicadas", recoge la resolución, según el cual el IJC vulneró los artículos 14, 15 y 16.2 b) de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

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