Las dos extrabajadoras del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) que fueron despedidas de este centro, junto a otras cuatro empleadas más, tras denunciar ante la Oficina Antifrau de Catalunya presunto desvío de fondos y acoso laboral han llevado su caso al Defensor del Pueblo Europeo, según ha podido saber EL PERIÓDICO. La Comisión Europea recibió el pasado mes de abril la demanda —que actualmente está en estudio—, en la que señalan que se ha incumplido la ley de protección de las personas alertadoras. Las denunciantes son la exgerente y la excoordinadora económica del IJC, una entidad pública de investigación, pionera en el mundo y creada mano a mano por la Fundació Privada Josep Carreras y la Generalitat de Catalunya.

Ambas mujeres pusieron una denuncia ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en noviembre de 2024 y estaban protegidas por este organismo al tener la condición de "alertadoras". Pese a ello, fueron despedidas el año pasado tras haber denunciado el presunto desvío de fondos por parte del equipo del entonces director de la entidad, el oncólogo e investigador Manel Esteller, según la documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO. Otras cuatro jefas de unidades de este centro de investigación, vinculadas de alguna forma a la denuncia, también fueron despedidas de forma fulminante entre enero y junio de 2025.

La Comisión Europea recibió el pasado mes de abril la demanda, en la que señalan que se ha incumplido la ley de protección de las personas alertadoras

Las seis mujeres han presentado demandas laborales ante la justicia contra el IJC, al considerar que la decisión de echarlas es nula y responde a represalias por haberse dirigido a la OAC para denunciar el presunto desvío de fondos. El primer juicio se celebrará este mes de julio y los cinco restantes a lo largo de 2027. El IJC esgrime que estos despidos se debieron a una "reorganización interna" y a "motivos económicos", y niega las represalias. Sin embargo, el Institut, según las denunciantes, no tenía problemas económicos para seguir con su labor.

Denuncia en Europa

El pasado febrero, la exgerente y la excoordinadora económica del IJC fueron más allá y llevaron su demanda al Defensor del Pueblo Europeo. En esta denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, las extrabajadoras señalan que su despido contraviene la ley española 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Según esa ley, el informante tiene la condición de "protegido". Las denunciantes sostienen que, tras su alerta a Antifrau, se produjeron en el seno del IJC "varias extinciones contractuales en un breve período de tiempo", concretamente entre enero y junio de 2025.

Las denunciantes apelan a la directiva 2019/1937 de la UE, la norma europea marco sobre protección de las personas que informan de infracciones

En su denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo, las extrabajadoras ponen en conocimiento del órgano que, a pesar de la intervención de varias autoridades competentes y más de un año después, no ha habido actos administrativos que demuestren "la apertura de una investigación, la adopción de medidas preventivas provisionales o una valoración administrativa motivada de los indicios de represalia". Así, las denunciantes apelan a la directiva 2019/1937 de la Unión Europea (UE), la norma europea marco sobre protección de las personas que informan de infracciones, al considerar que ha habido una infracción del Derecho de la UE.

Evaluar el sistema

El escrito precisa que "no se refiere a la valoración de conflictos laborales individuales", sino a la falta de protección ante su despido, a pesar que han intervenido en su caso diversos organismos públicos —OAC, Inspección de Trabajo, Protectorat de Fundacions de la Generalitat o Autoridad Independiente de Protección del Informante, entre otras—, sin haberse procedido, por ahora, aplicar una sanción a nadie. A su entender, este "escenario" se presenta como un ejemplo "verificable" para "evaluar la eficacia sistemántica" del modelo español cuando "existen indicios de represalias".

Por ello, advierten de que "la fragmentación de competencias entre varias autoridades puede generar vacíos estructurales y personales de protección" incompatibles "con la finalidad preventiva" de la normativa europea. "La presente denuncia", insisten las extrabajadoras, "no pretende impugnar resolucions judiciales, ni solicitar una indemnización", sino que insta a que se "verifique" si el régimen administrativo de protección "funciona de manera autónoma y preventiva, con independencia de la calificación judicial definitiva".

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